Las organizaciones ecologistas con representación en el patronato del parque nacional de Cabañeros han mostrado su frontal oposición al convenio aprobado entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los propietarios de la finca privada Cabañeros, situada dentro del espacio protegido, porque “permitirá la caza encubierta” en este espacio protegido.
Miguel Ángel Hernández, representante de Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha en el patronato, ha explicado que este acuerdo se ha presentado como un instrumento para ejecutar actuaciones de gestión y conservación, sin embargo, para el colectivo ecologista «es una vía para introducir de forma encubierta la caza en el parque, una actividad prohibida por la Ley de Parques Nacionales», ha advertido.
El convenio ya fue presentado en reuniones previas en forma de modelo genérico, sin detallar actuaciones ni responsables, pero, ha comentado, «la versión sometida ahora a aprobación revela un objetivo que es preocupante”.
La sobrepoblación de ungulados
Hernández ha señalado que ese trata de “uno de los primeros convenios con fincas privadas» que hace el OAPN, y ha detallado que se hace precisamente en Cabañeros, «donde arrastramos la polémica por la sobrepoblación de ungulados y la presión para permitir cazar en el parque”, ha indicado.
Según Hernández, el contenido del documento confirma que el grueso de la financiación -el 85 % del total- se destinará a la finca privada para ejecutar el control de poblaciones de ciervos y jabalíes.
El plan contempla extracciones mediante recechos, aguardos y batidas, además de capturas en vivo, aunque estas últimas serían minoritarias.
“A nadie se le escapa que estas técnicas, salvo por el nombre, son simplemente caza”, ha afirmado.
El convenio, diseñado para dos años, ha explicado Hernández, «prevé la eliminación de unos 1.200 ejemplares anuales entre ambas especies».
Para Ecologistas en Acción, la aprobación del patronato -avalada por la mayoría de los miembros, excepto los votos en contra de SEO/BirdLife y las dos delegaciones de Ecologistas en Acción- supone un paso atrás en la protección del espacio.
“Damos la vuelta al calcetín: aquello que en su momento se quiso erradicar de los parques nacionales, una actividad incompatible por su impacto, vuelve ahora camuflada como control poblacional”, ha insistido en denunciar.
Los ecologistas han recordado que «existe evidencia reciente de que el control de ungulados puede realizarse sin necesidad de batidas ni modalidades intensivas».
Técnicas de captura en vivo en la parte pública
«En la parte pública del parque, que representa más del 60 % de la superficie, los últimos dos años se han aplicado exclusivamente técnicas de captura en vivo y extracciones selectivas realizadas por personal profesional. Estos métodos han permitido reducir de forma significativa la densidad de ciervos sin riesgo para visitantes ni trabajadores», ha detallado Hernández.
Y ha comentado que “los datos presentados por la dirección del parque son claros: en la zona de referencia, la raña de Santiago, la población censada ha pasado de más de 3.000 ejemplares a 1.500, menos de la mitad”.
Hernández ha insistido en que el uso de batidas generaría un fuerte impacto ambiental, afectaría a la tranquilidad del espacio y dañaría su imagen pública.
“No tiene sentido que en un parque nacional veamos jaurías de perros, puestos y disparos. Eso es caza, lo pinten como lo pinten”.
Además, ha recordado que Ecologistas en Acción, WWF y SEO tienen recurrido ante los tribunales el actual plan de control de ungulados, y que ahora estudiarán también la vía legal para impugnar este convenio.
Para la organización, lo que está en juego es la propia esencia de los parques nacionales, que ocupan menos del 1 % del territorio español y están destinados a ser áreas libres de actividades con impacto significativo.
“No es una cuestión de aversión a la caza, sino de garantizar la conservación de los espacios más valiosos”, ha subrayado.
Ecologistas en Acción, ha concluido diciendo Hernández, «seguirá utilizando todas las herramientas administrativas y judiciales para impedir que el convenio se traduzca en batidas dentro del parque, especialmente cuando existen alternativas más eficaces y ya demostradas en otras zonas de Cabañeros».
