Las asociaciones de jueces y fiscales que han hecho huelga de tres días está semana contra las reformas del Gobierno en el acceso a ambas carreras a través de la reforma conocida como ‘ley Bolaños’ avisan que retomarán la huelga si el ministerio no introduce “cambios sustanciales”.
La huelga, convocada por todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, excepto Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha sido un éxito, en palabras del portavoz en Castilla-La Mancha de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en Castilla-La Mancha, Juan Miguel Paños, con un seguimiento medio del 70%.
En Ciudad Real la huelga paralizó el primer día una de las dos secciones de la Audiencia Provincial y muchos juzgados, aunque a falta de datos por comunidades autónomas los convocantes dicen que 3 de cada 4 jueces y fiscales han secundado tres días de huelga que califican de “histórica”.
Viajarán a Estrasburgo la semana que viene
No obstante, parece que el Ministerio de Justicia sigue en sus trece y las cinco asociaciones convocantes han comunicado que sus representantes viajarán a Estrasburgo la próxima semana para celebrar reuniones con representantes de la Comisión y el Parlamento europeos.
Contactos en la UE
Se reunirán el martes con Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE); el grupo parlamentario ECR (European Conservatives and Reformists); Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, y la vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión, Henna Virkkunen.
“Estas gestiones se enmarcan en nuestra interlocución con las instituciones europeas, a quienes trasladaremos nuestra preocupación por la regresión en la independencia judicial, apelando a la jurisprudencia del TJUE y al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea”, indican en el comunicado de balance que han difundido este viernes.
Imagen de “desmovilización” por las vacaciones
Las cinco asociaciones inciden en que toda huelga que afecte a servicios públicos tiene que ser comunicada con al menos 10 días de antelación tanto a la autoridad laboral como al empleador, «lo que impone un marco temporal rígido que impide reacciones inmediatas o espontáneas sin menoscabar la legalidad de la medida».
A lo que añaden que es julio y es mayor el porcentaje de jueces y fiscales que están de vacaciones, algo que «tiene implicaciones prácticas decisivas».
Por un lado, porque «dificulta enormemente la obtención de datos de seguimiento representativos y homogéneos, provocando distorsiones que desvirtúan la percepción pública e institucional del respaldo real a la movilización».
Y por otro, «y más importante aún», porque «la afección efectiva al funcionamiento del servicio público de Justicia se ve tan reducida que, en términos operativos, la medida pierde toda su capacidad de presión o visibilidad, quedando diluida hasta el punto de resultar ineficaz».
Es por eso que -consideran- «prolongar de forma inmediata la huelga en este contexto no solo podría carecer de impacto institucional, sino que podría generar una falsa imagen de desmovilización, totalmente ajena al compromiso mostrado por la mayoría de la carrera durante las jornadas del 1, 2 y 3 de julio».
Lo que dicen las asociaciones que han convocado la huelga
Esta huelga responde a unas reformas tramitadas -«inexplicablemente»- por la vía de urgencia en el Parlamento, sustrayendo la debida consulta entre los operadores jurídicos, y que atribuyen más poder al Fiscal General del Estado sin reforzar su independencia, al tiempo que rompen con los principios de igualdad, mérito y capacidad al crear una puerta trasera en el acceso a la carrera judicial y fiscal.
La introducción de 1.004 jueces y fiscales sustitutos en la carrera mediante un examen ad hoc vulnera injustamente los derechos de los 4.000 jóvenes -en su mayoría mujeres- que dedican sus esfuerzos personales y familiares a alcanzar el sueño de ser juez o fiscal.
«A pesar de las reiteradas solicitudes, el Ministerio de Justicia no ha adoptado medidas para evitar esta situación. Resulta inaudito que el ministerio no haya dado respuesta a las demandas planteadas ni haya abierto una mesa negociadora, en contra de lo que suele suceder en los conflictos colectivos que se producen en España», rematan.
