G. P. y M. D., padres de Máximo G. D., el joven de 30 años que inesperadamente murió en noviembre de 2014 en la finca ‘Dehesa el Arenal’ de Puebla de Don Rodrigo cuando trabajaba en unas obras de rehabilitación, han reclamado “la verdad” y “justicia” para su hijo. Ha sido en la segunda sesión del juicio con jurado que se sigue desde este lunes en la Audiencia provincial de Ciudad Real contra Gregorio S., el gerente de la constructora Gresan, y otros cuatro imputados -dos albañiles, un guarda rural y el vaquero del cortijo- por haber cometido un delito de omisión de socorro.
La jornada judicial de la Sección Segunda ha comenzado con el testimonio de los guardias civiles que participaron en la investigación y seguimiento del desgraciado caso, que se produjo a primera hora de la mañana -después de las 8,30 horas- una vez que el joven se dirigió a colocar unos palets con material en la nave posterior de la casa, mientras sus compañeros solaban el suelo de una estancia en la parte delantera.
Fueron los trabajadores de la finca quienes lo vieron desfallecido y con una brecha en la cabeza cuando iban a recoger vacas y sacos de pienso, y enseguida avisaron a los miembros de la cuadrilla. Tras intercambiar unas palabras con Máximo, el contratista decidió llevarlo en su furgoneta al hospital de Ciudad Real, aunque se desvió a Piedrabuena al considerar que el joven fallecido estaba empeorando en el viaje.
Los imputados, en teoría mandados por Gregorio S., dijeron en las primeras horas que Máximo estaba cogiendo setas, ya que no estaba contratado por la empresa, aunque en unas horas reconsideraron su postura, como así se recogió por escrito en las diligencias policiales.
Por ello, el padre ha dicho que quiere “saber la verdad y que asuma su cargo el culpable”, mientras que la madre ha reclamado “lo que la justicia diga”. Ambos han sostenido que no han percibido la indemnización de la empresa que les correspondía por la muerte de su hijo, según contempla el convenio colectivo.
Tanto el fiscal, Luis Huete, como los tres abogados de la defensa, Gema Cabanes, en representación del gerente de Gresan, de J. Z.D., uno de los albañiles, y de J. S. G., vaquero de la finca, Gregorio Rodríguez, abogado del otro albañil J.G.C, y Fernando Amián, defensor del guarda P.P.G.J., han trasladado sus condolencias más sentidas a los progenitores de Máximo.
El hermano: «hay contradicciones»
También ha comparecido ante el jurado J. G.D., hermano del fallecido, quien ha confirmado que éste trabajaba habitualmente para Gresan, a la vez que ha considerado que hay “un montón de contradicciones” (supuestamente en las declaraciones de los imputados).
La novia de Máximo y sobrina del principal acusado, B.G.L., ha narrado cómo se enteró del accidente de su prometido, primero con la llamada de su tío para que se trasladara al Hospital General de Ciudad Real y lo recogiera tras su curación, y después, ya en el establecimiento sanitario, conoció la muerte por la reacción de su tío y la confirmación por su hermano y su madre. También ha dicho conocer que no estaba dado de alta en Gresan porque “estaba sin trabajar y estaba siendo tratado de un espolón en el pie”.
Ha indicado, igualmente, que durante los once años de relación con su novio, desconocía que éste “padeciera de corazón o pulmón”.
Traumatismo craneoencefálico grave
Más impresionante ha sido la declaración del médico del centro de salud de Piedrabuena, M.A.F., que atendió a Máximo, pues a preguntas de la acusación ha ratificado lo que recogió en el parte, es decir, que el joven ingresó en estado terminal, sin apenas signos vitales, con un traumatismo craneoencefálico que “pudo ser la causa de la muerte”. Al palpar la herida estrellada “de grandes dimensiones” vio la gravedad de la misma, ya que percibió “crepitaciones y hundimientos (signos de fractura ósea)” tras haberse golpeado supuestamente con una superficie dura. El golpe, a juicio del facultativo, pudo derivar en “procesos internos y abocar al shock”, aunque los forenses determinaron que la muerte está relacionada con problemas cardiopáticos y trombos que padecía, conclusiones que el médico ha dicho conocer en parte por la prensa.
También ha considerado que se debería haber llamado al 112 para movilizar al helicóptero médico y así poder haber tenido posibilidades de supervivencia, aunque en el juzgado dijo que el resultado hubiera sido el mismo y vio “razonable” acudir al dispositivo más cercano desde la finca de Puebla de Don Rodrigo.
Ha reconocido la obesidad mórbida del fallecido, que impidió trasladarlo a la camilla entre él y Gregorio S., quien lo llevó al centro.
Agentes
Previamente, han comparecido cinco agentes de la Guardia Civil, que han dicho recordar la circunstancia del cambio de declaración de los imputados sobre dónde se encontraba el fallecido, que no era recolectando níscalos, algunos al conocerla de manera directa, y otros por comentarios de los miembros de los equipos que realizaron las indagaciones.
Un miembro de la policía judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real llamado por el abogado de la acusación, Francisco Muñoz, única parte que acusa y pide indemnización para los padres (el Fiscal pide la absolución), ha reconocido que reflejó en su informe “indicios de contradicciones” entre los imputados, con el objetivo “de aclarar las cosas y contar la verdad”.
Este cabo primero también ha dicho que vio el cuerpo en el suelo de la consulta ya fallecido y que pertenecía a una persona “de gran complexión”.
Otro de los agentes que participó en la realización del reportaje fotográfico e inspección ocular ha explicado que había “manchas de sangre y trozos de madera de los palets”, incluso alguno “manchado con sangre”. A preguntas del fiscal ha señalado que no había indicios de que se hubiera limpiado el lugar.
Por su parte, los comandantes de los puestos de Picón y Piedrabuena, un cabo y un sargento, respectivamente, acudieron juntos al centro de salud, según han declarado en sus respectivos turnos, también han coincidido en conocer el cambio de versión, y que el trayecto en carretera de la finca a Piedrabuena es difícil, por las curvas, los cambios de rasante y el índice de tráfico de la vía. Se tarda en llegar han calculado entre 50 minutos y una hora.
Infracción de la Seguridad Social
También han testificado un inspector de Seguridad Social y Trabajo, quien redactó el acta por el accidente y visitó el lugar de los hechos la misma tarde que sucedieron. Ha confirmado la penalización a la empresa por el retardo en el alta del trabajador fallecido, pero no por falta de medidas de seguridad y salud laboral, dado que no pudo comprobar las condiciones de trabajo de manera directa, sino que solo vio un “montón de materiales amontonados y abandonados”.
Sobre los procedimientos que activan en Urgencias ante una llamada, una médica del 112 ha señalado que la valoración la hace siempre personal sanitario en base a las indicaciones del demandante. Ha señalado que un helicóptero y una una UVIO móvil son los recursos más capacitados técnica y humanamente, con la diferencia del tiempo en el trayecto, el medio aéreo es más rápido. Preguntada por el caso que se juzga, no ha sabido valorar el escenario ni la reacción del servicio de Emergencias, dado que no es sólo saber que hay una persona con una brecha y está consciente, sino «que hacemos más preguntas».
Penas
Los cinco acusados se enfrentan a penas de un año de multa, a razón de 100 euros al día para el gerente de la empresa (Gregorio S.) y de 50 euros para el guarda, el vaquero y los dos albañiles, además de una indemnización a la familia del fallecido de 105.000 euros.
Mañana miércoles seguirá el juicio, con las periciales de los forenses, y la lectura de los informes por las parte, para por la tarde, o al día siguiente por la mañana, según el presidente del tribunal, entregar al jurado el objeto de veredicto para que lo estudien.
