Postales del universo - Ramon Sobrino y Juan A. González
Los hermanos Ramón M. R.R. y Pedro M. R.R., acusados de apropiación indebida de más de 700.000 euros de la promoción urbanística residencial Alarcón en Daimiel, niegan haberse quedado con un céntimo de los compradores, y atribuyen la situación al pánico de La Caixa para seguir financiando la obra, que se paralizó en 2008, en el estallido de la burbuja inmobiliaria.
“Aquí nadie se ha quedado con dinero, la obra se paró por cuestiones burocráticas y años después, pese a sus intentos no se ha podido ni terminar la obra ni entregar las viviendas, garajes y locales”, explica a Lanza Rafael Gómez-Cambronero, abogado defensor de Ramón M.R.R., el principal acusado.
“Era una financiación de más de cuatro millones de euros, La Caixa entró en pánico cuando la construcción estaba casi hecha, a falta de la tercera fase, aunque había dinero para terminar. Después de esto se mantuvieron un montón de reuniones, con el Ayuntamiento, la entidad financiera, los compradores, pero no se pudieron entregar las viviendas”, afirma.
Gómez-Cambronero, que pide la absolución, afirma que los procesados, que esta semana han compartido banquillo en la sección segunda de la Audiencia de Ciudad Real, intentaron hacer una entrega parcial de las viviendas que estaban terminadas del residencial, “pero ni el Ayuntamiento, que no dio la licencia de primera ocupación, ni la entidad financiera, lo consintieron. El resultado es que catorce años después la obra está terminada y hay una serie de afectados que no han recibido su inmueble”.
El abogado del principal acusado remarca que en este caso, que pasa doce años después por la sala de vistas de la Audiencia Provincial, los dueños que entregaron los terrenos a cambio de una permuta por vivienda nueva recibieron sus viviendas, “y si el Ayuntamiento hubiera permitido la entrega de las dos primeras fases se habría escriturado y pagado lo que quedaba”.
Los coches, de 2004
Sobre la supuesta vida de multimillonarios que atribuyen los perjudicados por la promoción a los hermanos, Gómez-Cambronero asegura que no es cierto. “Los coches de los que hablan se los compraron en 2004, está promoción es de 2006. Su voluntad ha sido construir y entregar”.
El defensor también dice que todo perjudicado que ha reclamado a La Caixa por la vía civil ha recuperado su dinero, “se ha considerado responsable civil a La Caixa”. En este juicio por apropiación indebida hay nueve querellantes, el resto reclaman pero no ejercen la acusación.
El juicio, que tenía que haber continuado este jueves, tras dos sesiones, se ha tenido que suspender hasta el 11 de enero por el contacto estrecho con un positivo de covid de un miembro del tribunal, que le obliga a permanecer confinado.
La fiscalía pide 4, que rebajará por las dilaciones
La fiscalía de Ciudad Real considera responsables de un delito continuado de apropiación indebida a los dos hermanos, y pide cuatro años de prisión en el escrito de calificación provisional, a falta del ajuste final, dado los doce años transcurridos desde que se puso la querella, en 2009, y la celebración de la vista.
La acusación particular que ejercen algunos de los perjudicados acusa por varios delitos, entre ellos estafa y solicitan penas superiores a los cuatro años de cárcel.
Promoción de la sociedad Daigas
El ministerio fiscal considera probado que los dos hermanos constituyeron la sociedad Daigas en el año 2000 para la construcción, promoción y venta de viviendas. Una de las promociones la iniciaron en 2006 , dos años antes de la crisis financiera, era el residencial Alarcón, para lo que solicitaron un crédito de casi 5 millones de euros en total. Fueron créditos que se formalizaron por fases de construcción de la obra, divida en tres partes.
En ese tiempo también recibieron dinero a cuenta por reservas de viviendas, de locales comerciales y garajes de personas que llegaron a entregarles 198.000 euros, 103.000 y otras cantidades muy importantes, hasta unos 700.000 euros.
La fiscalía considera probado que en mayo de 2008, estando las fases uno y dos construidas al 90,15% y al 80,06% respectivamente y la fase tres al 57,17%, Daigas paralizó las obras, cesó en su actividad y desapareció como empresa, “de modo que los investigados, a sabiendas de la situación económica que atravesaban y de la imposibilidad de finalizar la promoción, continuaron hasta junio de 2008 recibiendo dinero a cuenta de los futuros compradores de los inmuebles, ocultando la grave situación económica”.
