Belén Rodríguez
Ciudad Real
Los propietarios del edificio del número 5 de la plaza de Cervantes que se demolió hace un año tras ser declarado en estado de ruina por el Ayuntamiento de Ciudad Real, confían en poder demostrar ante los tribunales que no fue culpa suya que el inmueble llegara a esa situación, sino del Ayuntamiento y en última instancia de la empresa que gestiona el agua, Aquona.
El resultado del pleito contencioso (9 de abril) abrirá o cerrará el camino a la reclamación económica por daños y perjuicios, fijada en más de 700.000 euros y que se reclama por la vía administrativa en el Ayuntamiento.
“Lo que se verá en el juicio son las causas de por qué llegó a la ruina ese edificio. Vamos a demostrar que es la rotura del alcantarillado público en esa parte de la plaza la que origina la situación”, explica Javier Panadero, el abogado de los propietarios.
Esta parte aireó el año pasado una serie de estudios técnicos que acreditan que el edificio se resquebrajó por el hundimiento de un pilar, provocado por una posible fuga del alcantarillado que convirtió la cimentación en un lodazal.
