J. Y.
Ciudad Real
Los alrededor de 2.000 regantes de la provincia que se estima serán beneficiarios de las dos medidas anunciadas el pasado octubre por el Gobierno dentro de la última reforma fiscal -la exención del 85% del impuesto especial de la electricidad (IEE) y un ajuste en el régimen de módulos-, esperan ver aligerado el gasto de la factura de la luz en este 2015.
Portavoces de Asaja y UPA celebran el avance, que permitirá rebajar el importe eléctrico a que se enfrentan los titulares de explotaciones agroganaderas tras las revisiones tarifarias desde 2008 (que sin aumentar el consumo han duplicado el importe), aunque seguirán luchando para alcanzar su principal desafío: pagar el consumo real y no hacer frente a unos mínimos tan elevados que suponen el 70% de los costes del suministro.
De esta manera, las organizaciones agrarias y las comunidades de regantes verán materializado parte del reto marcado en el último año para reducir los gastos de las explotaciones, un paso que han acogido con relativa conformidad.
Cristóbal Jiménez, directivo de Asaja en la provincia, recuerda a Lanza que “el Ministerio de Agricultura ha destinado una partida de aproximadamente 30 millones para la desgravación en módulos”, mientras que el Ministerio de Hacienda, por su parte, “articulará la deducción en la correspondiente declaración de la renta”.
En las próximas semanas toca, según dice, “que los regantes de la provincia que regulan su actividad de riego con el sistema de módulos lo comuniquen para que puedan beneficiarse, mientras que los que están acogidos al régimen de estimación directa ya se desgravan”.
La cifra final de beneficiarios y el ahorro “dependerán de cómo tributan”, apunta Jiménez, si bien desde el Ministerio de Agricultura calculan que la aplicación de ambas medidas conllevará un ahorro de 55 millones de euros al año, unos 650 euros anuales para una explotación media.
El presidente de Asaja de Argamasilla de Alba señala la comarca de La Mancha como la principal zona beneficiaria de las deducciones previstas, con localidades como Socuéllamos, Argamasilla de Alba, Tomelloso Membrilla, Manzanares,Daimiel, Campo de Criptana o Alcázar de San Juan.
Con todo, Jiménez insiste en su principal reivindicación, como es el impulso de una medida legal por la que se ajuste el pago al consumo real durante cuatro o cinco meses y no por la potencia contratada. “Desde que desaparecieron las tarifas especiales por riego en 2008 y después se acometió la reforma energética (2013), el cálculo del pago es endiablado”, comenta Jiménez, que apunta a los contratos de temporada como una de las soluciones más viables.
“Un parche”
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha consideran que la subida del precio de la energía eléctrica ha sido desmesurada en los últimos años y que el anuncio de la ministra de Agricultura “solo supondrá un parche, puesto que no compensa el incremento de más de un 40 % en los últimos dos años”.
El secretario general de UPA CLM, Julián Morcillo señala que es injusto que los regantes paguen el término de potencia todo el año “pero utilizamos la energía sólo unos meses”.
De esta manera, recuerda que desde UPA han trasladado al Magrama un amplio abanico de opciones y posibilidades que, a su juicio, “resolverían el problema”: desde que los regantes paguen por la potencia realmente consumida cada mes y no por la contratada, hasta cambiar y flexibilizar el actual contrato de temporada, pasando por promover una nueva estrategia energética respecto a los regadíos.
UPA pide también que se permita agrupar consumos para contratar “tarifa de seis periodos” y autorizar el balance neto energético ligado al autoconsumo de explotaciones de riego.
Movilizaciones
Recuerdan que los productores agrarios y ganaderos de esta organización regional ya se movilizaron en febrero del año pasado de lado de las comunidades de regantes de la Comunidad Autónoma para exigir nuevas tarifas al sector de la agricultura y aseguran que continuarán en la misma dirección del lado de los que producen en la región.
Desde UPA insisten en la máxima “que se pague por lo que se consume en los meses de riego y no por la potencia contratada”.
