La junta de personal de justicia de Ciudad Real está terminando de recabar documentación para denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones labores en los juzgados de Valdepeñas.
“El atasco es inasumible”, remarca Ricardo Rosales, presidente de la junta e personal, que dice que es tan grave que está provocando ataques de ansiedad y estrés laboral. La mermada plantilla (más reducida que en otros partidos judiciales) tiene tres bajas y otros funcionarios empiezan a relacionar problemas de salud con las condiciones de trabajo.
Riesgos psicosociales
Los sindicatos de justicia pretenden que la autoridad laboral evalúe los riesgos psicosociales a los que se están enfrentando por la cantidad de asuntos que entran, que se van sumando al atraso acumulado de causas que no pueden sacar adelante en tiempo y forma.
Es lo mismo que denunciaron en el encierro de enero, solo que ha paso un mes y no ha habido más que contactos y declaraciones de buenas intenciones, pero ninguna respuesta del Ministerio de Justicia. Y lo peor, de momento no se ha autorizado ningún refuerzo.
“A salto de mata”
En los juzgados de Valdepeñas “se trabaja a salto de mata”, según Rosales, “si entra una violencia de género o un detenido se atiende eso, y lo que se estuviera tramitando se aparca. Incluso los jueces tienen que priorizar en las sentencias que están poniendo determinados asuntos”.
Que se cree un tercer juzgado de instrucción
Con solo dos juzgados de instrucción y primera instancia, sin decanato y con una plantilla inferior a otras, la prioridad es exigir que se cree un tercer juzgado y en tanto llega reforzar “y actualizar las plantillas por obsoletas e insuficientes”, recuerda Rosales.
Los datos de los juzgados de Valdepeñas refieren una tasa de congestión (asuntos pendientes, más los nuevos) en el tercer trimestre del año 2019 del 5,25%. La cifra es dos puntos más alta que la media de la provincia.
Más de cuatro años para ponerse al día
En cuanto a pendencia (asuntos pendientes) el número es tan elevado (datos del tercer trimestre), del 4,26 por ciento, que al ritmo de trabajo actual “se necesitarían 51 meses sin que entraran asuntos para poner el juzgado al día”, recalca Rosales. Diez años antes esa misma tasa solo era del 0,37%.