Belén Rodríguez
CIUDAD REAL
Los sindicatos con mayor representación en la administración Justicia en Ciudad Real, Justicia y Progreso y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), no terminan de ver los supuestos logros de la oficina judicial.
“Después de cinco años es evidente que el sistema funciona y se han pulido muchos fallos, pero gracias al enorme esfuerzo de los funcionarios”, dice Carmen Romero, coordinadora autonómica del STAJ y presidenta la junta de personal de justicia en Ciudad Real. Romero refiere las graves disfunciones por falta de medios y exceso de competencias de las UPAP’S de Violencia de Género y Mercantil, y dice que los servicios comunes funcionan “por los refuerzos”; también se queja de la poca gente que sirve a los juzgados de lo Penal y en general opina que “hay demasiada burocracia en la tramitación de asuntos”, “el tiempo de respuesta no ha mejorado, esa es la realidad”.
Más negativo aún se expresa Ricardo Rosales, de Justicia y Progreso, que opina que la nueva oficina judicial “es un desastre que evolucionado por la voluntad de los trabajadores. Los números que se barajan son los mismos que había antes. Creo que es menos eficiente ahora trámites que antes se hacían en 9 pasos se hacen en 18”.
