Belén Rodríguez
Ciudad Real
La calma que reina ahora en los juzgados es pasajera. La Plataforma en Defensa de la Justicia de la que forman parte los sindicatos STAJ, CSIF, UGT y CCOO se ha planteado convocar huelga en el sector el próximo otoño o bien paros parciales sostenidos en el tiempo por las reformas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, contra las que han venido protestando todo el año unos funcionarios, los de justicia, que están para pocas bromas pero también para pocos excesos, por eso antes de convocar los sindicatos van a someter a referéndum en cada sede judicial la opción de la huelga.
“En septiembre vamos a pasar una encuesta anónima a cada funcionario de la provincia para ver si ellos están de acuerdo con este tipo de medidas y las van a secundar. Con el resultado de la encuesta se fijará la fecha de la huelga”, explica José García Muñoz, responsable de Justicia provincial y regional del sindicato CSIF y miembro de la junta de personal de justicia de Ciudad Real.
El objetivo no es otro que frenar las reformas, o al menos poder discutirlas en mesas de negociación, algo que hasta ahora ni siquiera han podido hacer según subraya Carmen Romero, secretaria provincial y regional del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), y también miembro de la junta de personal provincial.
“Con la excusa de la crisis el ministro se ha lanzado a una loca carrera que sus representantes denominan reformistas pero que encubren un verdadero proceso privatizador a favor de grupos de presión muy bien situados en el ministerio, y con la ayuda inestimable de algunas asociaciones que copan puestos de libre designación”, remata Romero.
Aparte del contenido de las reformas: tasas judiciales (ya en vigor), privatización de los registros civiles, reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y nueva Ley de Demarcación y Planta por la que desaparecen todos los juzgados tal y como los conocemos (sólo habrá un único tribunal de instancia por provincia), García Muñoz y Romero se quejan de que la reforma no cuenta con los funcionarios de justicia, “se nos ha marginado de los foros de discusión. Estamos siendo menospreciados e infravalorados como verdaderos profesionales especialistas en procedimientos judiciales”, agregan.
Esta vez lo que está en juego según dicen es todo el sistema de justicia español, cuya privatización repercutirá en los ciudadanos y también en las condiciones laborales de los trabajadores del sector, que además de haber perdido con los recortes de los últimos años entre un 20 y un 25 por ciento de poder adquisitivo, ahora se enfrentan a la movilidad territorial forzosa y a las amortizaciones de puestos de trabajo.
Las reformas no cuentan con el respaldo de ningún colectivo del sector, si bien los únicos que de momento han hablado abiertamente de huelga son los funcionarios.
“El objetivo de estas movilizaciones es que se abran mesas de negociación. Estamos ante las reformas más importantes en toda la historia de la justicia y no se pueden tomar de manera unilateral”, subraya García Muñoz.
Oficina judicial: “El mal está moderadamente controlado”
Ni José García Muñoz (CSIF) ni Carmen Romero (STAJ) se atreven a aventurar el sentido del voto de los funcionarios de justicia de Ciudad Real, una capital lastrada además por la oficina judicial, un añadido que influye para peor en cualquier reforma que se acometa.
En estos momentos y según explica García Muñoz “el mal está moderadamente controlado tras varios años de implantación y gracias a todos los funcionarios en general; pero no nos engañemos esto está saliendo a costa de los refuerzos, el día que se retiren esto se viene abajo”.
En los juzgados de Ciudad Real existe una figura laboral que se denomina “liquidador de contingencias”, puestos de trabajo que se crearon para reforzar los primeros meses de funcionamiento de la oficina judicial, con una duración de cuatro meses, “ya vamos para dos o tres años y siguen trabajando, lo que debería hacer reflexionar al ministerio”. No obstante y pese a que las condiciones laborales son peores, no es seguro que la huelga salga adelante. Está la mala experiencia de 2009.
