Las medidas y ayudas del Gobierno anunciadas e nel tercer paquete anticrisis, que incluyen la rebaja del IVA en los alimentos de primera necesidad, el mantenimiento de la bonificación de 20 céntimos por litro para los transportistas, taxistas, uso agrícola y la flota pesquera, las ayudas de 200 euros a las familias más vulnerables, o la rebaja del 30% del transporte público, han sido acogidas en el ámbito socioeconómico de la provincia de manera diversa.
Los sindicatos CCOO y UGT han valorado positivamente, aunque con matices, el nuevo respaldo anticrisis, mientras que la patronal,- FECIR, y los autónomos echan en falta apoyos específicos que refuercen un tejido productivo “con el 90% de pymes, micropymes y autónomos”.
Vigilantes
El secretario provincial de Comisiones Obreras, José Manuel Muñoz Expósito, ha celebrado que vayan al consumo directo, y también a los alimentos, “por lo que es un conjunto de medidas positivo y necesario”, aunque “con alguna insuficiencia”, ante la sospecha de que “pueda haber trampas”.
“Tenemos que estar vigilantes”, asegura el directivo de CCOO, porque “los trabajadores hemos vuelto a ser víctimas de una inflación”, mientras que el alza “desorbitado de precios en sectores como la energía ha sido para mantener las cuentas de resultados de los empresarios”.
Por eso, el “Gobierno debería haber sido más agresivo para que los precios se mantuvieran por encima de lo que marca el mercado”.
Con todo, Muñoz ve las medidas “en la línea de lo que estamos pidiendo”, para “proteger a los más débiles y a los que están en una situación más compleja”, tal y como se hizo “durante la pandemia”.
Son políticas, a su juicio, “que tienen en el centro a las personas” y que “son mucho mejor que las respuestas de otros gobiernos en anteriores crisis”, cuando “se excluía a determinados estratos sociales”.
Directamente a los hogares
Por su parte, la secretaria provincial de UGT, Alfonsi Álvarez, ha visto el paquete “positivo”, aunque “no es la panacea”. Al menos ciertas medidas, “van directamente a los hogares” y otras a “paliar” la situación de algunas familias, si bien “necesitaríamos más medidas que sean específicas para aquellas familias muy vulnerables”.
A juicio de la líder sindical, “hay que solucionar el problema de muchas familias que, aun teniendo empleo a jornada completa, no llegan a fin de mes”.
Por ello, confía en que en 2023 “se termine la guerra en Ucrania, cerremos la negociación colectiva en Ciudad Real, aumenten los salarios, se solucione la crisis que tenemos en el sector de limpieza y la economía vuelva a fluir de manera normal”.
Regular el mercado
Una sensación “agridulce” tiene Carlos Marín, el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), quien ha celebrado la prórroga de la rebaja en los combustibles en el sector del transporte (su empresa es del sector y lidera la organización provincial y regional), pero “hay otros profesionales y muchos trabajadores a los que les hubiera bien”.
También ha echado de menos “la bajada del IVA de la carne y otros productos de primera necesidad para incentivar el consumo”.
En el ámbito de los carburantes, el líder de la patronal ciudarrealeña ha reiterado la necesidad de controlar el ‘efecto cohete-pluma’ (que plasma la rápida subida del precio de los carburantes, cuando el petróleo tiene más valor, pero la bajada, cuando la materia prima cotiza menos, es muy lenta) para “controlar los precios”.
Igualmente, se ha mostrado en contra “de las subvenciones” y ha apostado por “actuar en el mercado” y rebajar impuestos a las empresas para “que puedan crear puestos de trabajo y generar riqueza”.
Lo contrario de esta regulación, en su opinión, es “distorsionar el mercado”.
Y un aumento de los salarios, como piden los sindicatos, conllevaría, a su juicio, “un alza de los costes de las empresas”, por lo que ha apostado por “un pacto de rentas” para atajar la inflación”. “Si nos dejamos llevar por la ministra Yolanda Díaz, la inflación se terminará comiendo a todos”, ha ironizado.
Grandes olvidados
En la misma línea, el presidente de ATA Castilla-La Mancha, el ciudarrealeño Miguel Ángel Rivero, ve las nuevas políticas “insuficientes” para este colectivo. Considera que los autónomos son “los grandes olvidados” de este nuevo paquete de medidas destinadas a combatir el impacto de la crisis en la sociedad derivada del conflicto en Ucrania.
Sobre la bonificación de 20 céntimos al carburante «dejan de lado a aquellos profesionales que también utilizan su vehículo como medio de transporte, como son los agentes comerciales, las autoescuelas, los profesionales de movimientos de tierra o los sanitarios rurales”, ha asegurado Rivero.
