La Constitución de 1978 ha permitido un gran desarrollo de España, una convivencia en paz y un bienestar social incuestionable. Este es el punto de partida de todas las valoraciones políticas y sindicales que ha recabado Lanza de líderes provinciales, aunque la controversia llega cuando hablan de abordar reformas en la Carta Magna. Todos los portavoces consultados llegan a celebrar su “juventud madura” pero discrepan sobre el alcance de una potencial revisión para la que sería preciso cerrar un amplio consenso, similar al que se alcanzó en la Transición. Así lo recogen los procedimientos establecidos en la propia Constitución y que parece que no tiene hueco en la arena política. La necesidad de introducir la igualdad de géneros en la sucesión a la Corona es el punto más coincidente pero el debate territorial (la base sería un estado federal simétrico) provoca los primeros roces, mientras que la amenaza de las libertades públicas con la ley de seguridad como dice IU o el vapuleo que se da al derecho a la educación con la Lomce que denuncia el PSOE provocan que el PP apele a la lealtad y respeto al texto que este viernes cumple 35 años de vigencia.
J. Y.
Ciudad Real
“Sigue siendo útil”, sentenció el secretario provincial del PSOE, José Manuel Caballero, porque ha permitido 35 años de convivencia en paz, en libertad y en democracia.
Pero esta utilidad de la Constitución Española “no está reñida con el abordaje de ajustes que respondan a las nuevas demandas y situaciones”. Si lo fundamental está garantizado, en lo referido al estado de bienestar y de derecho, la Carta Magna “está fuerte y vigorosa”, mientras que en temas como en la reforma territorial “habría que reformarla”.
Sin embargo Caballero no apunta a una modificación “total” sino a una revisión del modelo de autonomías “ya agotado” para introducir, como ha pedido el PSOE, una “estructura federal”. Ello significaría “igualdad para todos los territorios y que ninguno tuviera privilegios sobre otros”.
La sucesión al Trono es otro de los puntos calientes del texto “por el anacronismo que supone la prelación del hombre sobre la mujer”, así como el máximo portavoz de los socialistas de la provincia pidió “un refuerzo” para los derechos sociales como el de la educación y la sanidad y para las libertades individuales.
Textos como la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Gobierno del PP son “una interpretación torticera y dictatorial” de la propia Constitución.
Sin voluntad política
En la misma línea se expresó la parlamentaria nacional del PSOE, Isabel Rodríguez, quien también considera que “debería seguir vigente”, y que el espíritu de “consenso y unión de los grandes partidos” que la impulsó deberían contemplar las grandes reformas legislativas (pensiones, educación,…).
Por contra, “hay ausencia de voluntad política (en referencia al Ejecutivo de Mariano Rajoy)” como haría falta para modificar parcialmente la Constitución.
“Es flexible”, sostuvo, porque hay cuestiones que los propios ‘padres constitucionales’ “dejaron con pinzas” como es el asunto territorial, por lo que “el PSOE ha presentado una propuesta de un modelo federal”.
Otros flecos revisables “son los derechos que ahora se están viendo vulnerados” y que el PSOE está articulando en recursos de inconstitucionalidad. “Ya llevamos 23 porque hay leyes que vulneran artículos de la Constitución”, recordó, como es la reforma de las pensiones o la aprobación del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso. Precisamente, esta tramitación “tuvo a la oposición en contra y no se aprobó sin consenso”.
Recuperar el espíritu
La también parlamentaria nacional, en este caso del PP, Carmen Quintanilla, apostó por “recuperar el espíritu” de la norma fundamental del Estado español. “Este texto nos ha garantizado una vida en paz, en democracia y libertad”, conceptos “fundamentales en cualquier pueblo”. Por esta razón “no es momento de hacer reformas” porque “sigue siendo válida en estos momentos difíciles que vivimos”. La diputada ‘popular’ aseguró que la joven pero madura Constitución es el marco ideal “para seguir construyendo la convivencia de los españoles”.
Cómodos
El presidente provincial del PP, Carlos Cotillas, también se mostró reacio a abordar una revisión del texto constitucional español. Tras incidir en la validez de la norma por el marco “de convivencia pacífico, y el desarrollo social y económico que ha traido”, descartó una modificación sustancial porque “la mayoría de españoles nos sentimos cómodos”.
Otra cosa sería matizar preceptos “que pueden quedar antiguos o que no se adapten a la nueva realidad”. Para Cotillas, en estos casos, haría falta “un amplio consenso” que, a su juicio, no se da porque desde la oposición “se busca el enfrentamiento con el Gobierno”.
El también alcalde de Tomelloso opinó, con todo, que “primero habría que fijar qué aspectos se revisan, como ya se ha hecho con otros temas, y luego cómo se hace para darle una solución”.
A su juicio, “no se puede plantear como un conflicto entre partidos”, porque la reforma precisa un acuerdo hasta ahora inédito.
Jurisprudencia
De otro lado, el profesor de Derecho Constitucional de la UCLM Tomás Vidal, señaló que de tomarse en consideración una reforma de la Constitución Española, tendría que partir de la doctrina del Tribunal Constitucional.
Desde un punto de vista jurídico, Vidal explicó que esta institución “interpreta” el texto normativo a tenor de los “cambios de la realidad social”. Por ello, insistió en que “habría que tener en cuenta la jurisprudencia de este tribunal” más allá del procedimiento que contempla la propia Carta Magna.
Vidal rechazó “el proceder” de algunos partidos políticos al plantear sus posiciones sobre la territorialidad (como los independentistas) en la convivencia democrática del Estado porque “son desleales” a la Constitución.
El docente universitario se mostró partidario de ir adaptando algunas realidades al marco constitucional, unos retoques que reforzarían su vigencia, al igual que ha ocurrido en “otros países con constituciones más antiguas como Alemania o Italia”.
Por ejemplo, subrayó una patente necesidad de modificar el Senado, una cámara que “no es de verdadera representación territorial, sino que tiene un sistema electoral de carácter personal”, así como la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la sucesión monárquica con prevalencia del varón serían materia para revisar por “la desigualdad que representa” este último precepto.
Efectos inmediatos
No obstante, advirtió de los efectos “inmediatos” de estas modificaciones que conllevaría que, en algunos casos, hubiera que retocar la reforma.
Sobre los procedimientos que contempla la Constitución para introducir cambios en sus articulado, Vidal indicó que hay un sistema “rígido”, en dos líneas de actuación (agravado u ordinario) dependiendo si la modificación es total o parcial, aunque en ambos casos, señaló, precisarían de un amplio consenso del arco parlamentario nacional.
