La precampaña para las elecciones municipales de mayo de 2019 ha tenido de nuevo efecto en el desarrollo del pleno ordinario de Manzanares. El Grupo Popular ha salido este miércoles a la carga contra el alcalde, Julián Nieva, por algunos de los procedimientos judiciales que han implicado algunas de las administraciones donde detenta cargo público.
El primer edil ha hablado de “política de crispación” con la intención de “mentir porque algo queda” por parte de la portavoz del Grupo Popular, Rebeca Sánchez-Maroto. De hecho, Nieva ha opinado que el PP ha endurecido su discurso desde que asumió la portavocía tras varias dimisiones.
Julián Nieva ha hecho referencia a las dos denuncias que recibió el Ayuntamiento de Manzanares, una de 100.000 euros y la segunda de 200.000 euros, por no controlar los vertidos al río Azuer durante las campañas de vendimia de 2012 y 2014. Y ha hecho referencia a las “diligencias por delitos ecológico a miembros de su Equipo de Gobierno”.
Tras hacer referencia a todos los cargos del PP que están en la cárcel, Julián Nieva también ha aprovechado para recordar las sentencias contra la libertad sindical puestas al Ayuntamiento de Manzanares cuando gobernaba el Partido Popular, por “delito electoral”, por “condonar 7.000 euros en multas” y por “poner a patrullar a efectivos de la empresa de seguridad de un concejal”.
El PP cuestiona que Nieva esté “legitimado” para ser alcalde
La portavoz del Grupo Popular ha preguntado al alcalde sobre si “se considera políticamente legitimado para continuar como alcalde de Manzanares” tras el “cúmulo de ilegalidades en el ejercicio de los cargos públicos” que ha tenido, a lo que Nieva ha respondido que “por supuesto que sí”, porque cree en el resultado de la democracia, “que dio el apoyo mayoritario” al PSOE. “La legitimidad la dan las urnas”, ha añadido.
Aparte, Rebeca Sanchez-Maroto ha hablado del despido como asesor de compras en la Diputación provincial, de la sentencia por “vulnerar los derechos fundamentales” en una votación en el pleno de Manzanares y de la demanda puesta por el Ayuntamiento de Malagón a una resolución del Consorcio de Emergencias Ciudad Real.
