Toledo, 28 abr (EFE)
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha explicado hoy que los agricultores pendientes del pago de la PAC en Castilla-La Mancha este año son «el 3 por ciento», un total de 4.312 solicitantes de los 140.000 expedientes.
Martínez Arroyo ha ofrecido estos datos durante su intervención en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha en el debate general celebrado a propuesta del PP sobre el estado de tramitación y abono de ayudas al sector agrario y ganadero de la región.
«Los datos que manejamos nos indican que vamos a tener una previsión de gasto de la PAC en esta anualidad de 644 millones de euros, esto significa 20 millones de euros menos que el año anterior», ha indicado Martínez Arroyo, quien ha responsabilizado de esta rebaja al anterior Gobierno del PP.
Con ello, ha considerado que esa reducción de veinte millones de euros «se va a producir seguramente todos los años, de aquí al año 2020».
No obstante, el consejero ha subrayado que el pasado 18 de diciembre de 2015, Castilla-La Mancha abonó el anticipo del 50 por ciento de la PAC y, en este sentido, ha destacado que «ninguna comunidad lo hizo antes».
Martínez Arroyo ha detallado que en Castilla-La Mancha se han pagado «en este momento» un total de 490 millones de euros del pago básico y el pago verde, mientras que han abonado 34 millones de los pagos acoplados.
Ha reconocido que no se han realizado algunos pagos, como el caprino o el tomate industrial, pero ha justificado que no se hará «hasta que a nivel nacional no se contabilicen las hectáreas o los animales».
Por otra parte, el consejero ha criticado que si se han producido algunos retrasos es como consecuencia de los fallos de la aplicación informática del Ministerio de Agricultura, aunque ha opinado que «los plazas se están cumpliendo razonablemente bien».
Con ello, ha insistido en criticar la negociación que realizó de la PAC 2014-2020 el actual Gobierno central en funciones y el anterior Ejecutivo castellanomanchego, con la que se beneficia «a los que tienen mayor valor de los derechos», por lo que los agricultores castellanomanchegos «se quedan por debajo de la media nacional».
