Más de medio centenar de funcionarios de prisiones de la provincia de Ciudad Real han vuelto a reivindicar este martes la mejora de sus condiciones laborales y salariales en una concentración a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, dentro del calendario de movilizaciones organizado por la plataforma sindical, compuesta por CCOO, ACAIP, UGT, CIGA y CSIF.
La protesta se ha desarrollado sin incidentes frente un puñado de policías que han custodiado la entrada a la institución, y los manifestantes han portado pancartas con sus lemas reivindicativos y han gritado otros, acompañados pitos, bocinas y música.
María José Muñoz, responsable de UGT Prisiones, ha recordado que es la tercera jornada de movilizaciones, tras las huelgas del 24 y 26 de octubre, mientras que las siguientes previstas para el 8, 13 y 15 las pasarán al 10, 11, 12 y 13 de noviembre.
No obstante, el cambio tendrá que autorizarlo la Audiencia Nacional, dado que “la administración intentando poner trabas ha dicho que son ilegales, aunque se registraron en tiempo y forma”.
En la protesta de hoy han reiterado la necesidad de “volver al diálogo y de visibilizar la labor fundamental que realizamos”. Muñoz ha defendido la labor de este colectivo de empleados públicos, que “somos quienes custodiamos durante años a los presos con delitos que han generado mucha alarma social”, además de “cumplir el principio constitucional de la reeducación social”.
En nombre de la plataforma, ha denunciado el cambio de posición de partidos políticos como el PSOE, que en la oposición “hizo suyas nuestras reivindicaciones”, incluso presentó una proposición no de ley para la revisión de categorías de los centros penitenciarios, y ahora en el Gobierno “no quieren saber nada de nosotros”. Muñoz ha dicho no entender que “el ministro del Interior haya pasado de decir que éramos una prioridad y no haya engañado presentando una propuesta de subida y retirándola a los tres días”.
El colectivo “está muy desgastado”, ha agregado, tanto “por el número de vacantes sin cubrir”, “como por las agresiones”, por lo que ha exigido que “busquen soluciones al conflicto colectivo”.
Igualdad salarial
Joaquín García, de CCOO, ha pedido “igualdad y equilibrio salarial” ante “el agravio” de trabajar en una comunidad o en otra. “Es inadmisible que un oficinista de una cárcel del norte cobre una media de 500 euros más que uno de Albacete”, ha señalado, a la vez que ha pedido “dignidad real” para estos funcionarios.
“Queremos dignidad, ha reiterado, porque los presos muy mediáticos van a la cárcel, y conviven con nosotros, que somos los que los protegemos a ellos y a nosotros mismos”.
“La cárceles no son un gueto aislado, sino unos establecimientos dentro de la sociedad donde s realizan tareas de reinserción, y nosotros sólo tenemos un bolígrafo y un gualqui talqui”, ha reflexionado.
Javier Ortega, de Acaip, ha remarcado la defensa del servicio penitenciario público, frente a “las contrataciones de vigilantes privados con otra partida”. “Nosotros cumplimos con nuestra parte del contrato, ha indicado, pero el ministro no ha cumplido con la suya y no se pueden duplicar las partidas”.
