Lanza / Marta Romero
Alcázar de San Juan
La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, no acepta la renuncia de la edil de Asuntos Jurídicos, Amparo Bremard, y, además, va a demandar al despacho de abogados responsable de un escrito presentado ante el Juzgado en el proceso contra la memoria de Aguas. La concejala Amparo Bremard puso el miércoles a disposición de la alcaldesa su acta de concejala para asumir las responsabilidades políticas que se pudieran derivar de un escrito presentado por un despacho de abogados madrileño en el procedimiento contra la memoria de Aguas.
En declaraciones ayer a Efe, la alcaldesa de Alcázar de San Juan explicó que demandará al despacho de abogados, de Madrid, responsable del escrito de conclusiones presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real, porque el texto “apoya” el punto de vista del anterior equipo de gobierno del PP y de Ciudadanos por Alcázar (CxA) en el contencioso iniciado por la edil socialista Ana Belén Tejado contra el pleno en el que se adjudicó la gestión de la Empresa de Aguas a Aqualia.
Asimismo, la alcaldesa pondrá los hechos en conocimiento del Colegio de Abogados de Madrid, según Melchor, quien ha señalado que no comprende la actuación del despacho que fue contratado en la anterior legislatura por el exconcejal de Servicios Jurídicos, Mariano Ormeño (CxA) y que parece que sigue sus directrices. El contrato que se firmó para la defensa de los intereses del Ayuntamiento relacionados con Aguas de Alcázar concluye el 31 de enero de 2016, aunque tras el cambio de gobierno después de las elecciones municipales su actuación se puso bajo la supervisión del jefe del Servicio Jurídico del Ayuntamiento y de la concejala.
Bremard denunció públicamente que los abogados no informaron al Ayuntamiento del contenido del escrito ni antes ni después de presentarlo, por lo que ha pedido al Juzgado que no se tenga en cuenta, además de poner su acta a disposición de la alcaldesa.
Los abogados aseguran que recibieron “órdenes previas”
La respuesta del Bufete Marín ante las declaraciones realizadas por la concejala de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Amparo Bremard, no se ha hecho esperar. Los abogados aseguran que “todas las actuaciones jurídicas llevadas a cabo” bajo la dirección de su despacho en los procedimientos judiciales en los que participa el Ayuntamiento “obedecen a órdenes previas y concretas de la Concejalía”, y que existe “cumplida acreditación documental”.
El procedimiento tiene que ver con el recurso que presentó Ana Belén Tejado -cuando era concejala del PSOE en la oposición- contra el Ayuntamiento y Aqualia, por el Pleno de adjudicación de Aguas de Alcázar para su definitiva conversión en empresa mixta, celebrado el 24 de julio de 2014. Un recurso que en septiembre fue contestado por el Consistorio “defendiendo la legalidad” de los acuerdos adoptados en la citada sesión plenaria. El pasado 3 de octubre, el despacho de abogados presentó en nombre del Ayuntamiento de Alcázar un escrito de conclusiones “reiterando los mismos argumentos jurídicos” defendidos en la contestación del recurso. Unos argumentos que la actual concejala de Servicios Jurídicos, Amparo Bremard, aseguró que “son contrarios a las directrices del equipo de Gobierno” y que se realizaron “sin consultarles”. Por esta razón, el pasado día 13 de octubre, el Ayuntamiento presentó en los juzgados un nuevo escrito para “dejar sin efecto” el realizado por los abogados; al tiempo que “renuncian” a los servicios jurídicos de Bufete Marín.
El citado despacho de abogados ha remitido a los medios un comunicado en el que “niegan” no haber recibido órdenes de la Concejalía de Servicios Jurídicos y explican que han trasladado a la alcaldesa su “sorpresa y malestar” por las declaraciones realizadas por Bremard “contra” su bufete. Unas manifestaciones que creen que “perjudican injustamente el buen nombre” de su despacho. Aseguran que, tanto con el anterior concejal del área, Mariano Ormeño, como con la actual concejala, siempre han actuado bajo “órdenes previas y concretas”, lo que pueden acreditar “documentalmente”. Aseguran, incluso, que se han planteado decisiones en los procesos “contrarias a su criterio técnico-profesional”, las cuales “han acatado”. Consideran “inadmisibles” las sugerencias acerca de posible “connivencia” con los anteriores regidores del Ayuntamiento, que califican de “inciertas y carentes de justificación”.
