En los últimos días, “hemos conocido por los medios de comunicación que Unicaja ha presentado una demanda contra el Ayuntamiento de Miguelturra reclamando cinco millones de euros. Esta reclamación tiene su origen en el impago, por parte de la patronal empresarial Ceoe-Cepyme, del préstamo hipotecario solicitado para la construcción del edificio que hoy alberga el Colegio Público María Elena Maseras”, expusieron IU y Podemos en un comunicado.
A su entender, “conviene recordar cómo se gestó esta situación. En 2002, PSOE y PP aprobaron conjuntamente la cesión de suelo público a una entidad privada, algo que ya entonces fue duramente criticado por nuestra formación. En 2006, se inauguró el edificio, convertido en sede de la patronal, pero su gestión económica fue desde el principio un despropósito, y, en 2013, Ceoe-Cepyme entró en concurso de acreedores, dejando tras de sí una deuda millonaria sin atender”.
“A ello se suma, como recoge la propia prensa local y confirma el Partido Popular en su columna del BIM de hace años ‘Cosas de casa’, que además del terreno gratuito, tanto PSOE como PP pactaron que la Ceoe-Cepyme estuviera exenta del pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), lo que supuso una merma directa en los ingresos municipales”, agregaron IU y Podemos. “Esta complicidad institucional con los intereses de una entidad privada contrasta con la situación actual, en la que se pretende hacer recaer el peso de sus impagos sobre toda la ciudadanía”, señalaron.
Desde Izquierda Unida y Podemos, “llevamos más de una década advirtiendo de este problema. En 2012, exigimos en pleno que el Ayuntamiento tomara cartas en el asunto, siempre encontrando la oposición de los partidos que hoy se reparten entre el bipartidismo de siempre y la ultraderecha. Y, durante la legislatura 2015-2019, conseguimos impulsar una comisión de investigación municipal para depurar responsabilidades políticas”.
Finalmente, ante la disolución de la Ceoe-Cepyme, el suelo volvió al Ayuntamiento, siendo cedido dicho edificio a la Junta de Comunidades para convertirlo en el colegio que hoy se conoce como María Elena Maseras, respondiendo a una necesidad real de la ciudadanía miguelturreña.
En la pasada legislatura, “logramos que el Ayuntamiento ganara todas las disputas judiciales relacionadas con este asunto. Eso no puede ni debe cambiar ahora”, continuaron IU y Podemos, para quienes “resulta preocupante que el actual alcalde -miembro de la Corporación Municipal desde antes del concurso de acreedores- afirme en declaraciones públicas que ‘supone’ o ‘entiende’ lo sucedido, cuando lo que se necesita es una posición firme en defensa del interés general”.
Resulta curioso también, agregaron, que “desde Vox se dediquen a exigir constantemente a la izquierda que ‘pida explicaciones’ y les haya faltado tiempo para salir a señalar a la oposición cuando quizás debería pedírselas a sus socios de gobierno y a sí mismos, habiendo sido la concejala de Vox, Nieves Almansa, concejala del PP en aquellos años. ¿O es que las exigencias de rendición de cuentas sólo son válidas cuando no afectan a uno mismo o a sus aliados ideológicos?”, se preguntaron.
“Desde Izquierda Unida y Podemos no tenemos ningún problema en señalar errores propios cuando los hay, pero también exigimos que la ultraderecha deje de actuar como escudo de las derechas y, en esencia, del bipartidismo cuando se trata de tapar décadas de connivencia con los intereses privados en contra del bien común”, sostuvieron.
“Desde Izquierda Unida y Podemos lo decimos alto y claro: ni un solo euro de dinero público debe destinarse a cubrir las pérdidas de una operación privada fallida. Ni del Ayuntamiento, ni de la Diputación, ni de la Junta, ni del Estado, ni de la Unión Europea. Lo que comenzó con una cesión de suelo público injustificable no puede terminar con la ciudadanía pagando las consecuencias”, subrayaron.
En este sentido, exigen “al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Miguelturra que defienda con contundencia los intereses del pueblo y rechace cualquier intento de socializar las pérdidas de una mala gestión privada. Porque lo público se defiende y porque lo justo es no pagar los desmanes y deudas ajenas”.
