Históricamente, la figura de la mujer ha sido imprescindible para el desarrollo de los núcleos rurales y el funcionamiento de las explotaciones agrarias y ganaderas, aunque su presencia haya estado silenciada y apenas presente en las cifras de cotización del sector. La cría y cuidado de los animales, la siembra de hortalizas y la participación en la recolección de cultivos leñosos son tareas con gran peso femenino en regiones como Castilla-La Mancha, a las que siempre se han sumado las tareas domésticas en la casa y con la familia.
Esta doble carga, que se da en todos los ámbitos, es más dura y desigual en el mundo rural, debido a la falta de infraestructuras y servicios, un déficit que ahora se intenta paliar para evitar la despoblación en los pueblos.
Cuando se acerca el Día Internacional de la Mujer Rural, el 15 de octubre, sus protagonistas -afortunadamente más empoderadas y visibilizadas- piden políticas que atiendan sus necesidades y creen oportunidades para que puedan acceder al mercado de trabajo, cuyo principal yacimiento es, precisamente, el sector primario.
Las mujeres quieren dejar de ser invisibles en el terreno de los derechos laborales, por lo que reconocen el avance que ha supuesto la ley de Titularidad Compartida. Poco a poco ha ido sembrando igualdad y cada vez son más las agricultoras y ganaderas que se están incorporando a sus explotaciones como titulares.
Castilla-La Mancha como comunidad eminentemente rural es la segunda con más inscripciones (175 hasta junio) en el RETICOM (Registro de Titularidad Compartida), tras Castilla y León (226). A nivel provincial, Ciudad Real también es el territorio con más altas (53) de la región.
Aunque el desarrollo de la ley está siendo más lento de lo previsto, el registro pone de manifiesto el creciente activismo de las mujeres en los cultivos y en el manejo del ganado a nivel nacional, pues sólo en el primer semestre se contabilizaron 110 incorporaciones, más que en todo el año 2017 (105) y casi un 90% de las registradas en 2018 (115).
Los beneficios que obtienen son claros: la gestión de la explotación junto al otro titular, el reparto de los rendimientos al 50%, el acceso preferente a las subvenciones estatales o la cotización en la Seguridad Social.
Cooperativas
Además de su papel relegado como productoras, las mujeres rurales han tenido también muy poca presencia en las cooperativas y otras entidades asociativas agrarias que protagonizan la actividad económica de muchos pueblos.
Muchas de ellas han sido socias pero no han optado a los órganos de toma de decisiones ni han sido tenidas en cuenta en la organización y desarrollo de estas empresas. Afortunadamente, es un frente que también se está venciendo, y al menos en Castilla-La Mancha hay un 8,33% de mujeres en los consejos rectores de las cooperativas.
Según los últimos datos disponibles del Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario, la base social de mujeres en la región es alta, aunque la proporción respecto al número de consejeras es de una por 114 socias, frente a una consejera por ocho socias en el País Vasco.
En lo referido a las plantillas, hay un 34,11% de mujeres en las cooperativas de Castilla-La Mancha, una cifra cercana a los umbrales de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres (40%), pero “todavía con camino por recorrer”.
Así lo dice Tomás Merino, técnico del Observatorio Socioeconómico y responsable de la Fundación CooperActiva de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, que sostiene que los números reflejan los estereotipos vinculados a sectores como el vino y el aceite de oliva.
Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha
Precisamente, para recoger todas estas demandas y consolidar la nueva realidad en el fomento de la igualdad de género y la mejora por género de los espacios de debate del ámbito rural, está en marcha el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, cuyo proyecto de ley fue aprobado hace medio año en el Consejo de Gobierno.
Sus principales objetivos son dar visibilidad a las mujeres en el medio rural y acabar con la doble discriminación, además de ser obligatoria la paridad en los órganos de dirección de todas las organizaciones agrarias, cooperativas, organizaciones empresariales o sindicales que accedan a las ayudas públicas.
Pendiente de la aprobación final de esta norma, las mujeres rurales siguen a la espera de que la sociedad cubra el déficit que tiene con ellas en los ámbitos de la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria o el desarrollo rural.
