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25 febrero 2024
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Nicolás G. Rivas, catedrático de Derecho Penal de la UCLM: “La regulación de la eutanasia se sitúa a la vanguardia en la UE y es modelo de respeto a la libre decisión personal”

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La exministra de Sanidad e impulsora de la Ley Orgánica para despenalizar la Eutanasia, María Luisa Carcedo/ E. Press
Laura Espinar / CIUDAD REAL
La proposición de Ley de regulación de la eutanasia que recientemente aprobó el Congreso de los Diputados se sitúa a la vanguardia de la Unión Europea y configura un modelo de respeto a la libre decisión de la persona sobre su propia muerte y somete a la legislación civil a criterios puramente civiles, lejos de las prescripciones dictadas por las confesiones religiosas. Así lo sostiene el catedrático de Derecho Penal de la UCLM, Nicolás García Rivas, en el artículo “Cual es el sentido y el alcance de la ley que regulará la eutanasia en España” en el que valora esta proposición de ley y destaca su trascendencia máxime si partimos del castigo que contempla el Código penal en la actualidad.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Nicolás García Rivas, valora de forma “eminentemente positiva” la proposición de Ley que regulará la eutanasia en España porque abarca todas las situaciones posibles, incluidas las más difíciles de regular como son aquellas en las que el sujeto no ha manifestado su voluntad, ni puede hacerlo.

A juicio de este experto, también es amplia la situación que se describe como “contexto eutanásico” porque “no se limita a reconocer como tal la enfermedad física inhabilitante sino también la enfermedad psíquica, tan grave como aquélla aunque no se manifieste del mismo modo”, señala.

A la vanguardia de la UE

En el artículo “Cual es el sentido y alcance de la ley que regulará la eutanasia en España” publicado en The Conversation este catedrático de Derecho Penal de la UCLM asegura que la mencionada proposición de Ley se sitúa a la vanguardia en cuanto a su regulación en la Unión Europea, junto a países como Holanda y Bélgica que la adoptaron hace casi 20 años.

Así mismo, confiere un modelo de respeto a la decisión libre de las personas sobre su propia muerte, además de someter a la legislación civil a criterios puramente civiles, lejos de los dictados de las confesiones religiosas “que confieren a la vida una naturaleza de “santidad” que resulta ser más un eufemismo que sirve para expropiar al ciudadano de su derecho a decidir sobre su propia muerte”, sostiene el experto.

De uno a seis años de prisión

Para comprender la trascendencia que tiene que el Congreso de los Diputados haya aprobado despenalizar la eutanasia, este catedrático de Derecho Penal advierte de que el Código Penal castiga a día de hoy a quien “causare o cooperare activamente en actos necesarios directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena” de 1 a 6 años de prisión.

El profesor García Rivas entiende que para analizar el significado y alcance de la regulación se requiere combinar una serie de variables como el tipo de salud precaria que entra en lo que se denomina “contexto eutanásico”, quién certifica este contexto, si es imprescindible la concurrencia de la voluntad de la persona o ésta puede sustituirse o presumirse y si se incluyen solo procedimientos “activos” o también los omisivos.

Por otro lado, serán las Comisiones de Garantía y Evaluación regionales las encargadas de certificar que concurre el “contexto eutanásico” y estarán compuestas por 7 miembros, entre los que debe haber médicos y juristas. En las legislaciones belga y holandesa también se reconocen estas Comisiones regionales.

Tres alternativas

Por último y sobre la expresión de la voluntad de morir, el catedrático se refiere a tres alternativas:

Si la persona está consciente en el momento en que se encuentra en el “contexto eutanásico”-(Caso Ramón Sampedro): Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas.

Si la persona suscribió un Declaración de voluntad anticipada (“testamento vital”), se considera como una declaración de voluntad actual.

Si la persona no está en condiciones de manifestar su voluntad por el motivo que sea, el art. 5.1 d) establece que si un médico “responsable” certifica que el paciente “sufre una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta Ley” podrá procederse a la eutanasia, siempre que lo apruebe la Comisión de Garantía y Evaluación.

“Este es el caso más controvertido, -explica el experto- porque no hay ninguna manifestación de voluntad de la persona afectada, pero es una decisión valiente de la Ley, porque permite regularizar situaciones que se dan todos los días en los hospitales de nuestro país, que se resuelven “al margen de la ley”, expresión que utilizo de un modo deliberadamente ambiguo porque significa al mismo tiempo que se toman decisiones sin sujeción a responsabilidad alguna y en función de las propias convicciones del personal sanitario, en función de lo que para cual significa la muerte digna”.

Con el apoyo del 56% de la Cámara

El Pleno del Congreso aprobó el 17 de diciembre la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, con los únicos votos en contra de PP y Vox. El texto contó así, con el apoyo del 56% de la Cámara (198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones) y ahora continua con su tramitación en el Senado.

 

 

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