El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, destacó ayer el significativo avance en las últimas décadas de la justicia internacional que juzga los crímenes más graves, como el genocidio y los de guerra y contra la humanidad.
A nivel internacional desde año 89 “se ha avanzado enormemente” y “peligrosos criminales de Estado están siendo procesados o perseguidos”, indicó Beltrán, que puso como ejemplo el procesamiento de acusados por reclutar a niños soldado, la orden de busca y captura contra el jefe de Estado de Sudán, Omar Hassan al-Bashir, o la investigación sobre lo que está ocurriendo en Libia, además de la creación de Tribunales Penales Internacionales para, por ejemplo, la ex Yugoslavia y Ruanda.
No obstante, en España “retrocede la justicia internacional desde un doble punto de vista”. Por un lado, cada vez es más difícil para los jueces perseguir a presuntos criminales de Estado cuando están fuera de España, dificultad en la que influye la reforma normativa de 2009 que limita las investigaciones a que el perseguido esté en España o existan conexiones con este país, explicó Beltrán, que considera que, de la misma manera que para investigar y atajar el terrorismo no se ponen trabas, tampoco debe hacerse con los criminales de Estado.
Aún así hay trece causas abiertas en la Audiencia Nacional de lugares como Guatemala, Argentina, Chile y Gaza, señaló Beltrán, que desea que los jueces apliquen las normas internacionales de derechos humanos y prosigan las investigaciones a pesar de “una legislación restrictiva”. Aunque, dijo, “lo ideal sería cambiar la legislación restrictiva para que no haya cortapisas en investigar los más graves crímenes”.
Franquismo
Otro ámbito en el que se retrocede en España, comentó, es en la investigación judicial de crímenes internacionales cometidos durante el franquismo y la Guerra Civil.
“Después de la decisión de imputar al juez Baltasar Garzón, las causas de 114.000 casos de desaparición forzada de personas fueron enviadas como delitos comunes a casi medio centenar de juzgados en los que prácticamente no ha ocurrido nada, nadie ha movido un papel y las víctimas de desaparición forzada durante el franquismo y la Guerra Civil siguen sin obtener verdad ni justicia”, apuntó Beltrán.
También resaltó la excepcionalidad del caso ya que en España “el Estado prácticamente no asume ninguna obligación legal en la exhumación de fosas, en la investigación de casos ni en la verdad oficial de lo que ocurrió, y sólo subcontrata la exhumación de fosas a sus familiares”.
Esto, comentó, es “insólito y un caso único dentro de todos los países que han pasado de la dictadura a la democracia, o de la guerra a la paz”, agregó Beltrán, para quien “se debe permitir que la justicia siguiera su curso para juzgar crímenes internacionales”, deberían ser sobreseídos los cargos contra el juez Garzón en este punto concreto y el Estado debería colaborar, por ejemplo, a través de un mecanismo cuasijudicial en la verdad de lo que ocurrió, ya que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países como Argentina, Chile, Camboya, Sierra Leona, Liberia y Uruguay, “aquí ni siquiera ha habido una Comisión Verdad oficial que dé reconocimiento, reparación y restitución a las víctimas del franquismo y Guerra Civil”.
En España “está todo por hacer”, pero “lo que no se puede aceptar es que se quiera pasar página de una parte de la historia en la que se cometieron crímenes internacionales sin leer completa la página”, algo a lo que parece, actualmente, se tiene tentación de hacer, sostuvo.
