Nueva batalla ambiental por Cabañeros

Belén Rodríguez
Ciudad Real

Las enmiendas presentadas por el PP a la Ley de Parques Nacionales para permitir que se siga cazando en el parque nacional de Cabañeros, en el que en la práctica, al menos en las fincas privadas (el 50% del territorio), y algunos montes públicos no ha cesado la caza deportiva desde su declaración en 1995, ha desatado una oleada crítica encabezada por  las cinco grandes organizaciones ecologistas del país contra los planes del Gobierno, de tintes parecidos a aquella ‘batalla de Cabañeros’ que se libró en los ochenta para impedir que esa parte de los Montes de Toledo fuera un campo de tiro.

En principio la ley de parques se reformula para permitir al Gobierno recuperar competencias respecto a las comunidades autónomas y reforzar la red nacional, si bien en el trámite del Senado que comenzó la semana pasada el Partido Popular ha introducido en el último momento (poco antes de que acabara el plazo el lunes a las 20.00 horas) una serie de enmiendas a su propia ley que, con la excusa reconocida por el PP de mantener la actividad cinegética en Cabañeros, como excepción y “de forma temporal”, dice el senador por Ciudad Real Sebastián García, hasta que el Estado llegue a acuerdos para la compra de terrenos, según los ecologistas abre la puerta a todo tipo de actividades en ellos y suprime el régimen de protección.

Así lo ven las cinco grandes ONG de la naturaleza, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, que airearon las intenciones del PP antes incluso de que se presentaran las enmiendas y anuncian una campaña internacional contra el Gobierno de persistir en sus planes.

“Una de las cosas que tenemos muy clara los grupos ecologistas es que los parques nacionales son la joya de la corona y no se tocan, y a partir de ahí llevaremos nuestra campaña hasta donde haya que llevarla. Si se aprueba está enmienda lo previsible es que los parques se rebajen de categoría y eso es algo que no vamos a tolerar, y más por no afectar a una actividad tan concreta como es la caza”, explica Juan Carlos Atienza coordinador del área de Conservación de Especies y Espacios de SEO/BirdLife.

Las redes sociales han echado humo esta última semana (el hastag #defientemiparque fue lo más comentado hace unos días) con una enmienda a la que se opondrán grupos como el PSOE, que por boca de la parlamentaria ciudarrealeña Isabel Rodríguez, critican las formas que ha seguido el Gobierno en la tramitación de una ley que ya se había visto en el Congreso, “para beneficiar a unos pocos”.

A nadie se le escapa que detrás de las fincas en las que se caza y forman parte o están en el entorno de Cabañeros hay grandes nombres de las finanzas “como Alberto Alcocer y Alberto Cortina”, subraya Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha, y otros propietarios de menos nombre. Pero también ayuntamientos como el de Los Navalucillos, en Toledo, uno de los municipios afectados por el parque, para el que la caza supone una importante entrada de recursos económicos en una comarca en la que tradicionalmente esta actividad genera riqueza (este ayuntamiento arrienda sus montes públicos a sociedades de cazadores).

La actual ley, que según Atienza “está bien,  sólo había que hacer un esfuerzo en el plan director para trabajar más y tener una red más fuerte”, ha tolerado la caza como actividad tradicional si bien se supone que era una actividad tendente a ir desapareciendo; con estas enmiendas no sólo se da carta de naturaleza a que se mantenga en Cabañeros, al menos hasta que el Gobierno compre los terrenos (un proceso eterno), “pero esto va mucho más allá y abre en canal la norma que pone en manos de las propiedades privadas su cumplimiento”, agrega.

“La enmienda 278 plantea la no entrada en vigor del régimen jurídico de protección de un parque nacional hasta que el propietario titular de los terrenos no lo decida. Se trata, por tanto, de un hurto genérico del interés general declarado en la ley que, de esta forma, queda sencillamente invalidado”, sostienen los conservacionistas.

Amplio margen a los dueños de las fincas
Las cinco grandes organizaciones ecologistas entienden que las  enmiendas presentadas por el PP el lunes en el trámite de la Ley de Parques en el Senado “dan amplio margen de maniobra a los titulares de derechos particulares para que puedan practicar actividades de todo tipo en estos espacios protegidos”. Este es el texto de la enmienda más preocupante, según estos colectivos: “Las administraciones públicas adoptarán, en un plazo máximo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de la presente ley, las medidas precisas para adecuar la situación de los parques nacionales ya declarados a la entrada en vigor de esta ley a las determinaciones contenidas en los artículos 6 y 7 de la misma, con la excepción de lo relativo a las superficies mínimas establecidas en el artículo 6.1 c). Las administraciones públicas promoverán la celebración de acuerdos voluntarios en los casos en que la adecuación afecte a derechos de terceros. En estos casos, los plazos anteriores se entenderán prorrogados hasta la celebración de dichos acuerdos o la aplicación de cualquier otro procedimiento para el rescate de derechos”.