Núñez, que ha participado este martes en la Mesa del Bienestar Social celebrada en la localidad ciudadrealeña de Herencia, ha explicado que su idea es que esta no sea “una estrategia del presidente ni del gobierno” sino que sea fruto de “un equipo de trabajo capacitado y preparado, corresponsable y codirector” de las pautas que deben marcar las políticas sociales castellanomanchegas.
“Y lo haremos no para aplaudirnos sino para hablar, para discutir” y para priorizar qué medidas son de “extrema urgencia”, cuáles deben recogerse en los presupuestos de 2024 y cuáles tendrán que ponerse en marcha en los siguientes ejercicios, ha dicho.
Todo ello, ha reiterado, con la idea de que “sea el colectivo sociosanitario el que decida”. “No tendría sentido que fuera de otra manera”, ha apostillado.
DEJAR DE HABLAR DE DINERO
En cuanto a la actual política social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Paco Núñez ha lamentado que “la mayor parte del tiempo hablamos de dinero”, afirmando que “eso tiene que dejar de ser así” cambiando “la mentalidad” con la que se afrontan los servicios sociales para que pasen a ser “socios de la Junta”.
Esta idea de sociedad entre la Administración regional y el sector es “básica” para el candidato ‘popular’ ya que, ha explicado, “toda la política social que desempeñan tendría que atenderla la Junta”.
“Lo que no tiene ningún sentido es que carguemos de tensión vuestros colectivos desde el punto de vista económico cuando estáis atendiendo a una persona que tendría que atenderla la Administración. Y hay que afrontar el trabajo de la política social como el de una sociedad, en lo bueno y en lo malo”, ha abundado.
Es por ello por lo que, ha proseguido, “hay que garantizar las aportaciones económicas necesarias” para los colectivos sociosanitarios “y lo que tiene que estar en la mesa es cómo optimizamos ese presupuesto y llegamos más lejos con esa carga económica”.
En este punto, ha manifestado que se debe acudir a un “modelo de conciertos” plurianuales para dar “estabilidad y seguridad” a todos los trabajos que realizan los colectivos sociosanitarios y que no estén “en una situación de tensión permanente”.
Y además, ha añadido, en el caso de que se produzcan retrasos en los pagos que la Administración regional tenga que hacer a estos colectivos, Núñez ha aseverado que las líneas de crédito las debe solicitar “el socio fuerte, que es la Junta”, y ponerlas a disposición de dichos colectivos “asumiendo los intereses”.
“NO HAY EXCUSA” PARA NO CUMPLIR
El candidato del PP ha recordado que su programa electoral recoge 312 medidas en el ámbito del bienestar social y ha asegurado que “no hay excusa” para no cumplir esas propuestas.
“No me van a oír refugiarme en excusas que para nada afectan al sector, no valdrá aquello de cómo estaba la situación económica o qué deuda teníamos. No voy a buscar excusas, el programa hay que cumplirlo y la forma en que haya que buscar los recursos públicos depende exclusivamente de aquellos que tengamos la responsabilidad de gobernar”, ha insistido.
Tres centenares de medidas entre las que ha destacado algunas como poner en marcha un plan director de servicios sociales “de máxima calidad y del siglo XXI”, apostar de forma “muy decidida” por planificar “con bisturí” para cada zona de la región, impulsar una nueva ley del voluntariado, reforzar el servicio de ayuda a domicilio y ampliar los servicios sociosanitarios en el ámbito familiar, además de otras como crear en las Cortes una comisión no permanente en la que estén todos los partidos políticos y participe el sector de cara a que la estrategia en la materia “esté fuera de la discusión política y las estrategias partidistas”.
En esta mesa, además de Núñez, han participado representantes de Acescam, ONCE, Familias para la Inclusión en Castilla-La Mancha, Artecam, Cermi, POI, Aftan, Aamafam, Accem, Colegio de Educadores Sociales, Secretariado Gitano, Fedicaman, Feafes y Cirenc Parkinson.
Finalmente, Núñez ha aprovechado la ocasión para asegurar al representante de la ONCE que el PP notificará a la Junta Electoral la posibilidad de que haya una modificación en los envíos de las papeletas electorales para que se pueda mejorar la accesibilidad para las personas ciegas.
