Los participantes en el último concurso oposición promovido por el Consorcio contra Incendios y Salvamento (SCIS) de la provincia de Ciudad Real han pedido a CCOO que no ampare el «entorpecimiento» por dos miembros del tribunal calificador, miembros del sindicato, que denunciaron a la fiscalía unas supuestas irregularidades archivadas por la fiscalía.
Los futuros bomberos (26 que se tendrían que incorporar en febrero) ya manifestaron en el momento de conocer esta denuncia que, a su juicio, el proceso se había desarrollado «con transparencia» y que no habían apreciado ningún procedimiento anormal, «como así se ha demostrado».
Por ello, se han dirigido a la dirección provincial de CCOO para que les aclare si «apoya este comportamiento» de dos delegados del sindicato, ya que muchos de ellos, adscritos al mismo, no entienden «cómo un sindicato que tiene como objetivo prioritario garantizar y defender los derechos laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras, en general, pueda avalar el comportamiento de estos representantes sindicales, que están entorpeciendo el derecho al acceso al empleo público de 52 jóvenes», según un comunicado del que se hace eco Europa Press.
«A los delegados no les importa ni el empleo ni el proceso»
«Poco parece importarle a estos delegados ni el empleo ni el proceso. Una prueba es que uno de los denunciantes, que denuncia que el proceso no ha sido limpio, tampoco ha demostrado mucha responsabilidad, ya que dejó de comparecer a la prueba de conducción durante tres jornadas para irse de vacaciones con otros compañeros, teniendo que ser sustituido en esta prueba, que también por cierto denunció al no querer el asesoramiento de la DGT. Por otra parte, todos le vimos tomar marcas en la prueba de subida a la escala con su teléfono móvil, cuestión que ahora parece poner en duda en otras pruebas», aseguran.
La fiscalía archivó la denuncia
La Fiscalía de Ciudad Real, con la firma del fiscal jefe Luis Huete, archivó el 13 de enero la denuncia de los dos delegados sindicales de CCOO. Estos dos miembros impugnaron las actuaciones del tribunal del que ellos mismos formaron parte, «si bien con carácter previo a la denuncia penal ante la Fiscalía, se recurrieron las decisiones del tribunal calificador adoptadas por mayoría de tres votos contra los votos de los mismos denunciantes.
De los cinco miembros del tribunal calificador, Roldán y Prieto son de profesión bomberos con antigüedad de 35 años con plaza y puesto de trabajo fijo. Los otros tres miembros del tribunal de la oposición no denunciantes, son el gerente del Consorcio, el secretario del Ayuntamiento de Ballesteros de Calatrava y el jefe del Parque de bomberos de Ciudad Real, a quienes los denunciantes «ocasionaron enorme inseguridad jurídica en este proceso», según CCOO.
En los fundamentos de derecho recogidos por Europa Press, el fiscal entendió que resultaría preciso identificar la resolución arbitraria argumentada por los denunciantes que pudiera sustentar la comisión del delito de prevaricación, «lo que no se hace en modo alguno».
La denuncia, recordaba, «se remite a las actas del tribunal y no identifica en cuál de ellas, concretamente, se produce la resolución injusta de la que pudiera derivar el delito de prevaricación».
«La apariencia formal de las mismas es correcta y se ajusta a las bases de la convocatoria de la oposición», aseguraba el fiscal.
Del mismo modo, abundaba en que «no existe prueba de la falsedad que se denuncia, puesto que lo único que consta es que no se recogen en las actas la totalidad de las cuestiones tratadas por el tribunal, según los denunciantes». La denuncia, por tanto, «resulta genérica y no se dice con concreción qué acta concretamente dice lo contrario», aseguraba el fiscal.
«Tampoco se aprecia infidelidad en la custodia de documentos, hecho únicamente apreciado por los denunciantes, sin que conste en las actas posteriores del tribunal protesta alguna sobre la forma en la que se llevó a cabo el escáner de los documentos a los que se refiere la ampliación de denuncia», remataba el escrito.
Por su parte, los denunciantes aseguraban que en el examen, el gerente entregó preguntas ya realizadas a un fotocopista privado «que nada tenía que ver con el tribunal»; o que en el segundo psicotécnico se contrató a una empresa privada para labores de vigilancia.
Igualmente aseguraban en la protesta que otra empresa privada fue delegada para gestionar las marcas de las pruebas físicas, y que en algún caso «resultó extraño que un determinado opositor hubiera realizado la prueba física justo en el límite del aprobad cuando en su percepción óptica y temporal estaban sobradamente fuera del listón del aprobado».
Por último, denunciaban que en el sexto ejercicio de la oposición el secretario del tribunal abrió en privado junto con el gerente los sobres de los ejercicios anónimos.
