La nueva sentencia del Tribunal Supremo que establece que los usuarios que formalicen una hipoteca con una entidad bancaria no tendrán que hacer frente al impuesto de Actos Jurídicos Documentados, sino que será el banco el que tendrá que asumir este costo, es “una buena noticia para los consumidores”.
Son palabras de Jesús López de Lerma, abogado ciudarrealeño especializado en temas financieros y de consumo, quien, en declaraciones a lanzadigital, ha señalado que la resolución permitirá a los prestatarios que reclamen a las entidades financieras la devolución de lo abonado por este impuesto, aunque la sentencia “no aclara que tenga carácter retroactivo”.
Según sus cálculos, en un préstamo hipotecario medio de 120.000 euros el dinero abonado podría oscilar entre los 600 y 1.800 euros, “dependiendo del capital comprometido y de la comunidad autónoma”, que es la administración competente en el cobro de un impuesto, que a nivel nacional recauda 8.000 millones de euros.
“Es una buena noticia para los consumidores”, ha insistido, aunque “será peor recibida por la entidades financieras”, que tendrán un perjuicio económico, no sólo por la devolución de dicho impuesto, sino por el reintegro de otros pagos fijados ilegítimamente en cláusulas abusivas en las operaciones hipotecarias.
La resolución, ha sostenido el letrado, deja la puerta a abierta a que muchos usuarios vayan a reclamar todas estas cantidades a las entidades financieras que podrían oscilar entre los 1.500 y 2.000 euros.
El letrado se ha mostrado ha pedido “prudencia” en el análisis de la situación porque la sentencia “no dice nada específicamente sobre la retroactividad de la decisión” y tendrá que aclarar si los bancos se han de hacer cargo de los gastos en las hipotecas que se firmen a partir de ahora o si se podrán reclamar los impuestos pagados en los últimos cuatro años”.
El también profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos ha asegurado que la nueva jurisprudencia que modifica una sentencia anterior del mismo tribunal, “es más adecuada” a los posicionamientos jurídicos del Tribunal de Justicia de la UE, a favor de dar “la máxima protección jurídica a los consumidores”, incluso se ha mostrado dispuesto a “aumentar las garantías para el usuario bancario”.
López de Lerma ha reclamado más juzgados especializados en la devolución de gastos bancarios, y “más medios para hacer frente a las numerosas reclamaciones y demandas que los consumidores pueden presentar”.
Por su parte, apela “a las buenas prácticas” de los bancos en los trámites de los remplazos como reclamaciones administrativas, sin que haya necesidad de acudir a los tribunales. De esta manera, “no sólo se ahorran intereses y costas”, sino que los clientes “recuperarán la confianza en los bancos”.
