El portavoz del Equipo de Gobierno, José Manuel Patón, informó este lunes sobre los gastos jurídicos del Ayuntamiento de Valdepeñas, que han sido criticados por el portavoz de UCIN, José Manuel Pena. Subrayó que “el que nos hace dudar de si está aquí para la defensa del interés general de los valdepeñeros y valdepeñeras o para el interés de unos pocos o el que critica que destinemos dinero a ayudar a los vecinos contra los bancos, es él. Decirle que desde el Ayuntamiento seguiremos defendiendo los intereses generales de Valdepeñas”.
Patón señaló que los gastos jurídicos solo suponen un 0,25% del presupuesto municipal y reprochó a Pena sus críticas “cuando son miembros de su propio partido los que generan esos gastos judiciales. Nos parece reprochable que Pena critique la defensa de los intereses de los valdepeñeros y valdepeñeras, cuando es consciente de que el Ayuntamiento de Valdepeñas ha tenido que gastar 12.000 euros para cobrar deudas tributarias de una empresa de su compañera de partido, Litolda Ballesteros, que se negaba a pagar 120.000 euros y que finalmente ha tenido que abonar”, manifestó Patón, que añadió que es UCIN el que “lleva al juzgado las decisiones de un pleno municipal, con lo que nos hacen también gastar dinero”.
Por otro lado, Patón desmintió que el alcalde de Valdepeñas se haya favorecido de estos servicios jurídicos poniendo como ejemplo la denuncia a título particular que Jesús Martín interpuso contra el portavoz de UCIN por llamarlo en rueda de prensa “maltratador de mujeres”. En este punto, el portavoz del Equipo de Gobierno recordó que Pena está imputado y pendiente de procesamiento por “el hecho más lamentable de la política municipal de los últimos años, aprovechando el Día de la Violencia de Género para llamar al alcalde de Valdepeñas maltratador”.
En cuanto a la inversión anual destinada a gastos jurídicos, precisó las cantidades de los últimos años, con una media anual de unos 100.000 euros. Del año 2010 indicó que 6.000 euros se destinaron a escrituras e inscripciones de fincas pertenecientes al patrimonio municipal; 8.000 euros a la defensa de trabajadores como policías locales que sufren amenazas durante el desempeño de su trabajo así como el inspector de obras que llegó a sufrir una agresión; o los 85.000 euros destinados a la defensa de impagos, vertidos ilegales, liquidaciones de obra o recursos contra el planeamiento.
Del año 2014 precisó que 35.000 euros se destinaron a la defensa de impagos por plusvalías, liquidaciones de obra o vertidos ilegales, litigando contra un ingreso de 2.000.000 de euros que fueron finalmente recuperados, entre ellos, “los de la empresa deudora de la compañera del partido de Pena a la que hacía referencia”.
También se destinaron ese año 20.700 euros a litigios sociales, entre los que se encuentran el recurso de suplicación que los sindicatos pusieron y perdieron contra la aplicación del decreto de Rajoy, con el que los trabajadores municipales perdían derechos laborales; o los 18.000 euros invertidos por el Consistorio para la defensa de los valdepeñeros frente a las cláusulas suelo a través de una medida pionera, entre otros.
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