La Comisión Judicial que iba a ejecutar esta mañana el desahucio de una familia con tres hijos menores en una vivienda de Pedro Muñoz lo ha suspendido momentáneamente, gracias a la intermediación del abogado del matrimonio afectado y de los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Campo de Criptana y de otros activistas de las PAH de Tomelloso, Argamasilla y Miguelturra, aunque el proceso judicial para el desalojo que gestiona un juzgado de Alcázar de San Juan sigue en marcha.
Luis Javier de Vicente, abogado de la familia, ha confirmado la suspensión del lanzamiento y ha apelado a la Administración para que “dé una solución política a casos como éste, con una familia con hijos de 6, 10 y 14 años”.
Ha señalado a los medios que están a la espera de que el juzgado resuelva unas cuestiones que le han planteado, y que valore un informe de los servicios sociales del Ayuntamiento pedroteño que han entregado esta mañana sobre la situación de vulnerabilidad que sufre la familia.
Mientras tanto, la familia seguirá ocupando la vivienda de la Avenida de las Américas porque “no tienen sitio dónde vivir y se verían en la calle”, ha incidido el letrado, que ha recordado que los servicios municipales de la población “no han dado solución”.
Pagó durante seis meses
Israel Fernández, el varón de la pareja afectada ha indicado que llevan un año habitando una casa, a la que llegaron a través “de unas personas a las que les pagamos un alquiler durante seis meses y luego desaparecieron”, ya que la vivienda es propiedad de la Sociedad Inmobiliaria Desarrollos Las Peñicas S.L., un “fondo buitre” que no acepta que les pague un alquiler social.
Ha indicado que esta misma mañana se ha personado junto a su asesor jurídico en el juzgado de Alcázar donde ha entregado una evaluación que detalla su situación e informa sobre la escolarización de sus hijos, y la enfermedad de depresión de su mujer, agravada desde que el 27 diciembre recibieron la carta de apercibimiento “para que nos saliéramos de la casa».
Al parecer, según ha relatado, presentó un recurso contra esta resolución «para que nos dejaran un mes más, pero fue denegado”. A partir de ahí se ha cumplido lo estipulado en el proceso judicial, con la fecha de este 10 de enero marcada en rojo como día para la ejecución del desalojo.
Fernández también ha comentado que existe una opción de compra de la casa por 84.000 euros, una cantidad que su madre podría abordar con un préstamo “que no le concedieron por la edad”.
El afectado, que actualmente no trabaja porque tiene que cuidar a su mujer y sólo recibe la ayuda familiar, se ve “viviendo en la calle porque no tengó dónde ir”.
Con todo, esperan que en breve se vuelva a convocar el desalojo para su ejecución.
Que la Administración responda
Valeriano Casarrubios, de la plataforma de activistas de Campo de Criptana, entidad que ha convocado la concentración a las puertas de la vivienda, ha lamentado “el regalo de Reyes Magos de echar a tres criaturas de su casa”, a la vez que ha celebrado que “hayamos conseguido el aplazamiento”.
Igualmente, ha mostrado su inquietud porque el juez vaya a marcar otra nueva fecha de desalojo “contra la que vamos a luchar”.
En concreto, «hablaremos con las administraciones, con el Gobierno local y el autonómico para que impulse todas las medidas a su alcance para proporcionar una vivienda alternativa”, tal y como “lo marca el derecho internacional”. Ha recordado que un dictamen del Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU “recoge que no se puede proceder a un desalojo sin garantizar alternativa habitacional cuando hay ancianos, discapacitados y niños menores”.
Por ello, “presionaremos a la administración y que administre una alternativa a la familia”, teniendo en cuenta que los Servicios Sociales “han enviado un informe al juzgado sobre la situación de exclusión social y la falta de alojamiento alternativo, qeu habría venido bien aunque hubiera sido precario”.
También ha lamentado que la sociedad propietaria que “es una entidad instrumental de Liberbank, no acepte el pago de alquiler de la vivienda”, que “no puede vender porque tiene cédula de habitabilidad ”.
A las puertas de la casa se han concentrado medio centenar de activistas, además de numerosos medios de comunicación, y efectivos policiales y de la Guardia Civil, además del padre de la familia afectada y de otros familiares.
