La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Campo de Criptana ha convocado este viernes a activistas de la provincia y otros puntos de España para intentar paralizar el desahucio de una familia de cinco miembros, tres de ellos menores de edad, de una casa de la localidad de Pedro Muñoz.
El lanzamiento está promovido por la Sociedad Inmobiliaria Desarrollos Las Peñicas S.L., y el desalojo del matrimonio Israel Fernández y Carmen Fernández y sus tres hijos de 6, 10 y 14 años, está previsto a las 10 horas de este 10 de enero, según ha informado Valeriano Casarrubios, de la plataforma criptanense.
Al parecer, la pareja afectada vive desde hace dos años y medio en una casa de la Avenida de las Américas de dicha población ciudarrealeña, que ocupó junto a sus hijos a través una persona “que los engañó”, y que durante unos meses les cobró un alquiler, aunque la vivienda no fuera de su propiedad.
Posteriormente, «han intentado ponerse en contacto con la citada entidad, una sociedad instrumental de Liberbank, para pagar un alquiler social”, petición que, tal y como ha explicado Casarrubios, ha sido tramitada a través de una mediadora, y que «en ningún momento ha sido atendida”.
Casarrubios ha lamentado la situación de la familia “en pleno invierno y con niños” que “no tienen a dónde ir, ni ninguna vivienda alternativa”, y ha comentado las acciones infructuosas que la plataforma ha realizado este miércoles y jueves (se lo comunicaron el martes) con las instituciones más cercanas.
“Hemos hablado con los servicios sociales del Ayuntamiento y nos han dicho que no hay viviendas disponible», así como «no ha ha habido respuesta» de los contactos que desde el Consistorio han hecho con la Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH) de la Junta.
De la misma manera, en el ámbito judicial, este jueves entregaron una carta en el juzgado de Alcázar de San Juan, pidiendo “a la administración que cumpla el dictamen del Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU, que recuerda al Estado español que el proceder a un desalojo sin garantizar alternativa habitacional constituye una violación del derecho a la vivienda”.
Casarrubios espera que en el último momento, in extremis, se revierta la decisión «y a lo mejor nos sorprenden y paralizan el desahucio».
