La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo miércoles 18 de enero a A.A.I., por un presunto delito continuado de abuso sexual a una menor con la que tuvo una hija. Cuando iniciaron la relación de convivencia, en marzo de 2020, el acusado tenía 33 años y la menor 14.
La fiscalía considera a A.A.I pleno conocedor de la edad de la chica y de la ilicitud de su conducta, pero pese a ello inició una relación de convivencia con ella y mantuvo relacione sexuales, y pide once años de prisión
El caso se denunció cuando la pareja acudió a un hospital de Murcia en 2020 -el acusado viajaba por trabajo por España y se llevaba a la niña- por dolor abdominal que pensaban que podía ser un embarazo. El test dio negativo.
Los padres permitían la relación
Por la diferencia de edad de ambos se iniciaron diligencias policiales y judiciales y se informó al adulto de que su conducta no era legal (en España la edad legal para mantener relaciones sexuales consentivas es 16 años), igual que a los padres de la adolescente, que permitían la relación.
Siguen conviviendo y tienen una hija
«Sin existir duda alguna sobre la ilicitud de su conducta, el procesado no cesó su relación sentimental con la menor, manteniendo la misma y residiendo en diversas localidades hasta establecer a mediados del año 2021 su residencia en la localidad de Puertollano, donde continúan conviviendo formando el núcleo familiar el procesado, la menor y la hija en común de ambos, nacida en 2021, así como otra hija del acusado de una relación anterior nacida en 2017», dice textualmente el escrito de acusación.
El ministerio fiscal considera que el procesado A.A.I. es un adulto con un desarrollo madurativo acorde a su grupo de referencia y edad cronológica con conocimiento de las consecuencias de sus acciones.
No hay signos de vivencia traumática
La menor es una adolescente que en la actualidad presenta un desarrollo madurativo acorde a su grupo de referencia, ambiente socio-cultural y edad cronológica, con proceso de maduración en pleno desarrollo. «En la menor no se advierten signos de vivencia traumática ni presenta síntomas psicopatológicos», dice el escrito de acusación. Ni ella ni sus progenitores piden indemnización por esto.
Se solicita además la medida de libertad vigilada durante un periodo de siete años y la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por quince años.
La fiscalía pide también que se prohiba al adulto aproximarse al lugar de trabajo o cualquier otro lugar en el que se encuentre a menos de 150 metros, así como la prohibición de comunicación con la misma por cualquier medio directo o indirecto durante un periodo de quince años.
