Piden 5 años de cárcel para dos promotores inmobiliarios de Criptana por estafa e insolvencia

Belén Rodríguez Ciudad Real
Los hermanos Olivares, en una de las sesiones del juicio celebrado a mediados de enero / J.Jurado

Los hermanos Olivares, en una de las sesiones del juicio celebrado a mediados de enero / J.Jurado

Dos familias a las que dejaron colgadas sin piso reclaman 30.000 euros y ellos se defienden diciendo que los que pusieron trabas a la compraventa fueron los querellantes. El caso que se enjuicia ante la Audiencia data de 2009, de la época del estallido de la burbuja inmobiliaria

Dos promotores inmobiliarios de Campo de Criptana, administrador y apoderado de la sociedad Grupo Casoli, que supuestamente vendieron a una empresa pantalla en el año 2008, comparten banquillo ante la Audiencia Provincial acusados de estafa e insolvencia punible.

En su contra la acusación de dos matrimonios de Palma de Mallorca y Campo de Criptana que en torno al año 2005 les entregaron 30.000 euros como señal por dos pisos que pretendían comprar en dos promociones construidas por el grupo en Campo de Criptana y Pedro Muñoz.

Los perjudicados han declarado hoy ante la Sección Segunda que dieron las cantidades convenidas como señal pero que cuando fueron a escriturar y con la concesión de la hipoteca en su poder, en 2008, se encontraron con que el Grupo Casoli no existía y nadie les cogía el teléfono. Después descubrieron que los hermanos lo habían vendido a una extraña empresa: Reno Majar, de la que una de las parejas perjudicadas, que quería el piso para sus hijas, recibió una llamada en la que se ofrecían supuestamente a facilitarles financiación y le decían que habían entregado menos dinero del que en realidad dieron.

“Yo quería comprar y ellos se quedaron con el dinero”

“Yo quería comprar, fueron ellos los que se quedaron con nuestro dinero y no nos vendieron el piso”, ha declarado uno de los afectados.

El otro matrimonio perjudicado consiguió finalmente comprar por 75.000 euros un piso en la promoción de Pedro Muñoz, pero fue a Servihábitat, la empresa que se quedó con los inmuebles de Casoli tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Según han dicho en todos estos años no han recibido los 12.000 euros de señal que pagaron a los promotores originales, “y el piso que nos quedamos fue otro, no el que pensábamos comprar al principio”. También en este caso los interesados en comprar aseguran que tuvieron problemas para escriturar, con la hipoteca concedida, porque la otra parte desapareció.

Los hermanos por su parte se defienden acusando a los compradores: “Las compraventas se paralizaron porque ellos tenían problemas de financiación”, han declarado. En cuanto a la venta supuestamente fraudulenta de su sociedad (que según la fiscalía no tenía empleados ni actividad) a Reno Majar defienden que la oferta les pareció interesante y lo hicieron.

Tanto fiscalía como acusación particular (estos últimos se querellaron en 2009) no se creen esta versión y reclaman para los principales acusados A.O.G. y R.O.G., cinco años de cárcel, tres por la presunta estafa y dos por insolvencia punible, puesto que entienden que la venta del grupo fue una maniobra para eludir responsabilidades financieras.

Un testaferro captado vendiendo ‘klinex’

En el banquillo se sienta además una empleada de la empresa Reno Majar, que asegura que no tenía responsabilidad en la toma de cesiones, acusada de insolvencia punible (dos años de prisión). Su exjefe y también acusado está exento de declarar porque padece una grave enfermedad. En rebeldía una quinta persona, un supuesto testaferro al que esta sociedad, de acuerdo con los principales acusados, se supone que captó en un semáforo vendiendo pañuelos de papel para que firmara documentos.