S.U.G., una joven con dos hijos menores, víctima en 2020 de violencia de género (sentencia 00084/2020 juzgado de instrucción número 2 de Puertollano), que lleva un año viviendo en un piso de protección oficial en la barriada de ‘las 600’ en Puertollano, sin ser la adjudicataria, podría quedarse en la calle si prospera la medida cautelar de “desalojo inmediato”, incluida en la denuncia por delito leve de usurpación de vivienda que le ha puesto la Junta de Comunidades ante el juzgado número 1 de la localidad.
Ella asegura que alquiló el piso en la calle Manzanares a una persona que creyó que era la propietaria (luego ha sabido que pertenece a las VPO de la Junta). “He invertido dinero porque estaba todo ‘devorao’”, dice, “pago las facturas, estoy integrada en el vecindario y llevo desde 2015 esperando que se me asigne una vivienda de protección en alquiler [renovó la solicitud en 2017], no hay derecho a que ahora me hagan esto”, cuenta.
La están tratando de ‘okupa’
“La están tratando como a una ‘okupa’ cuando hemos demostrado que ha sido víctima de malos tratos, no tiene antecedentes penales, ni familia a la que acudir ni ingresos; si la desahucian se queda en la calle”, alega su abogado Dámaso Arcediano.
“Cordura y sensibilidad”
El letrado espera esgrimir estos argumentos en el juicio previsto para este martes a las nueve y media de la mañana en el juzgado de instrucción y primera instancia número 1 de Puertollano y pide a las administraciones “cordura y sensibilidad”; “se nos llena la boca de hablar de apoyo a las víctimas de violencia de género, esta es una ocasión para pasar a los hechos”.
A Arcediano le parece cruel que se pida en la denuncia que antes incluso de que haya sentencia se aplique la medida cautelar de desahuciarla.
Sobre este caso la Delegación provincial de la Consejería de Fomento ha replicado a Lanzadigital que no comenta asuntos judicializados.
