La Asociación de Jubilados y Prejubilados de Encasur (Ajuprencasur) denuncia el “menoscabo de los derechos” de los mineros con el dictamen del laudo arbitral emitido por el exministro de Trabajo del PP, Manuel Pimentel, por el que pasan a disponer en su tarifa de empleado de 6000 kilovatios los prejubilados y 9000 kilovatios el personal jubilado, viudas y huérfanos, frente a los 15000 que hasta ahora tenían asignado.
“No ha sido ningún regalo porque hemos perdido un derecho gracias al arbitraje que ha montado UGT y que nos ha perjudicado seriamente con la diferencia de kilovatios, los convenios marco, el vale de carbón, la equidad en el acuerdo firmado que es para nosotros nefasta¨ afirma el presidente de este colectivo, Francisco Montoya, por lo que anuncia que los mineros seguirán su lucha e interpondrán las correspondientes demandas individuales.
“Ha sido una jugada de ajedrez por parte de la empresa para eliminar los derechos de los pasivos, que no estábamos representados en la negociación, con la colaboración de UGT ya que no lo han firmado ni CCOO ni SIE” añade Montoya, quien al mismo tiempo lamenta la “nocturnidad y alevosía” con la que se ha firmado también el V convenio colectivo tras más de dos años de negociaciones y un largo conflicto laboral.
La representación de la empresa y el sindicato UGT firmaban en la madrugada del pasado jueves este nuevo acuerdo marco sin el apoyo de CCOO y SIE que mantienen un recurso en el Tribunal Supremo contra una sentencia de la Audiencia Nacional por la que la compañía eléctrica podría retirar la tarifa de empleado a sus jubilados. No obstante, si la sentencia del Supremo fuera favorable a los recurrentes la empresa perdería esta opción y tanto los activos como los pasivos de Endesa recuperarían todos sus derechos.
Por otra parte, la Coordinadora de asociaciones y colectivos de pensionistas y prejubilados del Grupo Endesa también se ha posicionado ante lo que consideran “un arbitraje de expolio” y “el peor convenio de la historia del grupo y de las empresas de origen¨ ya que, a su juicio, “el arbitraje pretende trasladar nuestros derechos (salario en especie) a la vigencia de un convenio”, con el que “muchos trabajadores, activos y pasivos, acaban de perder muchos miles de euros”, y un acuerdo sobre la tarifa de empleado que “es demoledor, todos pierden kilovatios, término de potencia, etc.”
