El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puertollano ha decretado el sobreseimiento de la causa abierta en febrero de 2020 contra 143 personas -41 de ellas jurídicas- en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Murcia y Alicante por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y fraude en la obtención de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) por valor de varios millones de euros.
Según el auto de firmeza emitido por el magistrado, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado abrió el procedimiento a raíz de una operación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil tras detectar supuestas irregularidades vinculadas a ayudas comunitarias de las que resultaron beneficiarios terrenos de la zona del Valle de la Alcudia y Sierra Madrona, en Ciudad Real.
Durante el periodo de instrucción han sido investigados tres hombres como presuntos ‘cabecillas’ de la trama –un veterinario de Castilla-La Mancha y dos hermanos, administradores de una gestoría radicada en Totana (Murcia)–, así como sus parejas, como presuntos integrantes de un grupo organizado dedicado durante años a captar a agricultores, ganaderos y propietarios de tierras para recibir ayudas de la UE por labores de pastoreo de ganado y fertilización de terrenos que, según señalaba el atestado de la Benemérita, no se efectuaron.
En concreto, según el Seprona, los principales investigados se dedicaban a conseguir que titulares de pastos y explotaciones del Valle de la Alcudia cedieran los derechos sobre sus terrenos a agricultores y ganaderos de otras comunidades mediante contratos presuntamente falsificados, y a inducir a estos últimos a solicitar ayudas de la PAC con el falso pretexto de que habían llevado a cabo actividades que originaban el derecho a subvenciones.
El asunto afectó a más de 30 ganaderos de bovino de los municipios murcianos de Lorca, Cartagena y Totana, así como a una empresa ubicada en este último, encargada de gestionar y solicitar las ayudas, que tuvo que cerrar sus puertas por los «daños económicos y reputacionales» que sufrió a raíz de la apertura del caso, según ha explicado a esta agencia de noticias el letrado Francisco Cestero.
Tras 22 meses de instrucción en los que el juzgado practicó numerosas declaraciones testificales y analizó información recabada en escuchas telefónicas y material intervenido en diferentes registros, el juez concluyó que los contratos aportados en la solicitud de las ayudas eran «auténticos» y que cada propietario puso sus tierras a disposición efectiva de los ganaderos titulares de los derechos de la PAC, mientras que éstos abonaron el canon o renta correspondiente.
En su auto, el magistrado citó la declaración del titular de la Subdirección General de Ayudas Directas del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, quien, en su declaración, afirmó que las conductas desarrolladas por los investigados se ajustaron a la legalidad administrativa hasta el 1 de enero de 2021, y, posteriormente, si bien podían haber incurrido en «conductas artificiales», estas no pueden imputarse como un delito de fraude de subvenciones.
Por tanto, «no hay indicios suficientes de que los contratos de cesión de pastos sean falsos o hayan sido falsificados», señala la sentencia, que apunta, además, que tampoco existen evidencias de que existiese «un concierto organizado de voluntades entre los investigados, sino más bien una cooperación intermitente y esporádica», cuyo fin «no ha sido el de cometer ilícitos penales».
El juez también manifiesta en su auto que, pese a estar informados por el Seprona, ni la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la UE, ni la Fiscalía Europea, ni la intervención General del Estado se han personado en la causa, «ni se han manifestado en ningún momento favorables a considerar que los hechos que son objeto de esta instrucción constituyen un posible delito de fraude de subvenciones».
El magistrado decretó el archivo provisional del procedimiento, aunque fue abierto más tarde tras la apelación del Ministerio Fiscal. Meses más tarde, notificada su última sentencia a las partes personadas, el juez emitió un auto de firmeza dando por archivado el procedimiento.
