La portavoz, Ana Carmona, explicaba que se trata de un contrato complejo, centralizado y realizado por un órgano externo como es la FEMP que comenzó su proyecto en el año 2014 y que hasta el mes de mayo de 2019 no se firmó. Es tras comenzar la instalación de las nuevas luminarias cuando se constata la falta suficiente de luminarias y la escasez de luz en las calles de la ciudad.
Así pues, ha habido que reordenar este contrato con un procedimiento complejo, «un procedimiento garantista en el trámite y adecuado a la ley», justificaba Carmona, quien además explicaba que se han realizado informes técnicos imprescindibles para la apertura de este expediente, «informes internos y externos, informes vinculados a este expediente para tomar las decisiones más acertadas» con el fin de «aportar seguridad jurídica a la decisión que tomemos hoy» y para poder poder solucionar este problema de visibilidad nocturna. Ana Carmona justificaba que se trata de dar mayor intensidad lumínica en la ciudad.
Por su parte, desde Iber no apoyaban esta modificación del contrato y solicitan que se realice un nuevo estudio porque «serán 1,2 millones de euros más y tendremos el mismo problema», manifestaba Mª José Linde, portavoz de este grupo político municipal.
Desde Vox, Antonio González, se pregunta si al realizar este proyecto no se conocían las calles en las que se iban a instalar las nuevas luminarias, «no se realizan proyectos al tum-tum para ver qué resultados dan, sino que hay que conocer el terreno», justificaba. «Yo veo que aquí se adjudica a una empresa el contrato de 18 millones de euros con 10 años para modificar las luminarias, pero empezamos a hacer las obras y vemos que no funciona, por lo que hay que hacer una variación de 1,2 millones de euros, otra vez a pagar el Ayuntamiento, llevamos una racha que no hay por donde cogerlo, vamos a ser un poco más exhaustivos», pedía.
El grupo municipal popular avanzaba que la modificación supone un 5,26% más de incremento a este proyecto y que un total de 2.055 luminarias serán desmontadas una vez ya instaladas por no coincidir con el nuevo modificado, 900 habrá que reprogramar en altura, 1.188 serán desmontadas y reprogramadas para su posterior instalación, 3.200 luminarias sin utilidad serán trasladadas a otros municipios, explicaba Manuel Jiménez con datos sobre la mesa.
Así, Jiménez criticaba que «fueron por el camino fácil y dejaron que siguieran, ahora hay que pagar 1,2 millones de euros de los ciudadanos, teníamos que haber parado antes, se ha esperado hasta el último momento donde hay que hacer una modificación, el camino fácil del PSOE, que es pagar, estamos hartos ya».
Ángel Ibo Barrera, desde el grupo municipal de Ciudadanos, apostilló que ahora hay que «pagar más para ampliar un contrato que supuestamente se cumplía» y achacó que «el informe técnico no es de un profesional independiente porque mantiene relaciones con la empresa adjudicataria». Se trata, según Ciudadanos, de «un cambio íntegro en la potencia y óptica de la luminaria» y se preguntaba si las potencias instaladas son las que incluía la auditoria o inferiores.
En este sentido pedía valentía para «denunciar a la empresa porque no se cumple el contrato, vamos a modificar un contrato del que no hemos sido parte contratante». Por último criticaba que «era un contrato malo para Puertollano pero ahora lo vamos a hacer peor» y agradeció que «el Partido Popular se haya dado cuenta de esto» y pidió a IU que «no doblara la rodilla, en sus manos está» el no sacar adelante este proyecto.
Izquierda Unida, en palabras de Jesús Manchón, señalaba que siempre defendió la auditoria y que la ciudad de Puertollano podía tener un ahorro gracias a la misma, pero votaron en contra de este proyecto con la FEMP, recordaba. Un proyecto que se modifica «porque no hay luz suficiente en la ciudad, ha quedado claro sin necesidad de emitir ningún informe, pero se intentan aportar informes para que quede claro y no quede ningún tipo de sombra de duda».
Manchón no quiere dejar el problema de la falta de iluminación a la ciudadanía, por este motivo vota a favor de este punto de modificación, subrayó en la sesión plenaria de este mes de febrero. Una modificación que elimina las luminarias de nivel cuatro y de nivel tres, que son las que están dando problemas. «Será un incremento de 11.000 euros mensuales», justificaba el portavoz de IU ante el modificado que se incluirá para el proyecto Clime para poder contar con mayor intensidad lumínica en la ciudad, «con valentía para dar soluciones y no dejar la ciudad como está».
Por último, Adolfo Muñiz, como portavoz del gobierno, asumía que tienen que tener la iniciativa para gobernar «y no podemos eludir las responsabilidades, proponiendo soluciones a los problemas que nos vamos encontrando». Muñiz justificó que este contrato no se refiere solo a las luminarias, sino que también incluye energía y contratos eléctricos, «una modificación avalada por los técnicos para mejorar la iluminación, es nuestro compromiso con la ciudadanía».
Para zanjar este debate la portavoz del equipo de gobierno, Ana Carmona, justificaba que no se puede rescindir el contrato porque debe haber causas objetivas para ello y esto costaría «una auténtica millonada» y añadió que en el año 2018 el gasto de luz y energía ascendió a 2,6 millones de euros en total y con el Clime se está gastando 2,4 millones de euros, «fíjense si ya hay ahorro».
