El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha resuelto a favor del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Puertollano, tras el recurso interpuesto por los cuatro concejales de este grupo al acuerdo de pleno del mes de marzo que hacía un modificado al contrato de adjucación del proyecto Clime con la empresa Elecnor. Si bien, se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses. «Este tribunal no puede sino declarar la anulación del acuerdo de modificación impugnado», indica la resolución.
En dicha resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se explica que este modificado «no se debe a un error del proyecto sino a un cambio de las condiciones requeridas. Además, el “error” era en este caso previsible para un poder adjudicador diligente, pues se trataba de haber previsto inicialmente de forma correcta las necesidades de iluminación en el municipio (y más después de haber hecho una auditoría energética)».
Al mismo tiempo se afirma en esta resolución que «no se justifica en el expediente ninguna causa imprevista o sobrevenida que motive el cambio de tales necesidades. Entiende este Tribunal que, en este caso lo cierto es que lo que hubo no es ningún error u omisión en el proyecto o en las especificaciones técnicas de la documentación contractual. Lo que hubo en realidad es directamente un cambio en las necesidades que pretendían cubrirse, como reconoce implícitamente el propio informe del órgano de contratación cuando alude a los poderes municipales para alterar o determinar el “nivel de intensidad lumínica”. En definitiva, no es que hubiera un error en las especificaciones técnicas que impidiera satisfacer las necesidades, es que hubo directamente un cambio en las propias necesidades a satisfacer. Se alteró el contenido de la prestación objeto del contrato, modificándose las necesidades lumínicas».
Para este tribunal resulta «muy ilustrativo a este respecto justamente el informe técnico que transcribe el informe del órgano de contratación. Dicho informe, emitido por el Jefe de Sección de Instalaciones del Ayuntamiento de Puertollano, señala expresamente en sus conclusiones que “El objeto del reformado es cumplir con unos requisitos distintos a los indicados inicialmente en la auditoría energética y, por tanto, en el Pliego, a petición ciudadana a través del ente municipal, no corregir un defecto en la propuesta ni un incumplimiento de lo indicado en la auditoría”.
Y ahonda en este caso afirmando que «más esclarecedora no podría ser dicha afirmación: la finalidad de la modificación contractual no era corregir un defecto de la oferta o de los pliegos, sino que el objetivo era directamente cumplir unos requisitos diferentes a los indicados inicialmente en el pliego para dar satisfacción a las demandas ciudadanas recibidas por el ente municipal. Es decir, sencillamente, los vecinos del municipio pidieron mejoras en el alumbrado público y se modificó el contrato para satisfacerlas. Traducido a la terminología del art. 107.1.a) TRLCSP se puede decir que no había error alguno en el proyecto que impidiera satisfacer las necesidades, sino que lo que se alteró fueron las necesidades».
Rafael López, portavoz de C´s, ha afirmado que lo que se dice en la auditoría no es lo que se ha contratado en el proyecto Clime y por esta razón había que realizar este modificado para adaptar el contrato a lo que ya dice la auditoría, una cuestión que no es entendible para el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Puertollano. «El modificado era volver a lo que se planteaba en la auditoría» y considera López que lo más oportuno es resolver el contrato y adjudicar uno nuevo, si bien los costes que esta acción u otras que se lleven a cabo en este asunto pueden conllevar deberían ser asumidos, a su juicio, por la FEMP que fue el órgano de contratación de Clime, «quien tiene que poner el dinero en este desaguisado es la FEMP, este Ayuntamiento tiene que pedir responsabilidades a la FEMP» porque señala que «las cosas no se han hecho bien al no contratar lo que decía la auditoria».
Por su parte, Ana Carmona como portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Puertollano afirmaba que están estudiando, junto a los servicios jurídicos, las actuaciones administrativas que se adoptarán ante esta nueva situación.
