El exalcalde de Puertollano se enfrenta a 7 años de cárcel y a entre 10 y 22 de inhabilitación por el coso

Belén Rodríguez Ciudad Real / Puertollano
Joaquín Hermoso y su abogado, el octubre pasado en los juzgados de Puertollano por el caso Cerrú / G.G.

Joaquín Hermoso y su abogado, el octubre pasado en los juzgados de Puertollano por el caso Cerrú / G.G.

Joaquín Hermoso compartirá banquillo en la Audiencia con el secretario y el arquitecto técnico del Ayuntamiento acusados por la fiscalía de prevaricación. Los grupos de Izquierda Unida y PP ejercen la acusación popular y elevan la acusación a los delitos de falsedad documental (por eso piden cárcel) y tráfico de influencias

Joaquín Hermoso, alcalde de Puertollano por el PSOE entre los años 2003 y 2013, afronta la semana viene ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real el juicio por los presuntos amaños para favorecer a diferentes empresas en la segunda fase de las obras de construcción del coso polivalente de la localidad, en el año 2007.

De 47 años y alejado de la política desde hace años, Hermoso podría ser condenado a penas que oscilan entre los diez años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, que pide la fiscalía, y los veintidós que solicita la acusación popular que ejercen por separado los grupos municipales de Izquierda Unida y el Partido Popular.

La acusación popular pide cárcel

La acusación popular reclama además 7 años de cárcel, seis por un supuesto delito de falsedad documental que la fiscalía no ve, y otro más por tráfico de influencias para el exalcalde; 10 para el secretario y 9 para el arquitecto técnico, además de más de veinte años de inhabilitación para empleo o cargo público para  los dos últimos.

El ministerio fiscal solo considera acreditado el delito de prevaricación y reparte culpas a partes iguales entre el exalcalde y dos técnicos municipales, el secretario general Ángel Manso y el arquitecto técnico Juan Luis Vázquez. Para los tres solicita diez años de inhabilitación.

Aportación de documentos falsos al juicio

Las acusaciones por su parte consideran acreditados tres delitos más, falsedad en documento público u oficial, cometido presuntamente por los tres, delito continuado de aportación de documentos falsos en juicio (del que serían culpables los dos técnicos) y tráfico de influencias, tanto en el caso de los técnicos como en el del exalcalde.

En los escritos de calificación provisional del caso fiscalía y acusaciones coinciden en los hechos básicos. Se supone que los tres acusados “a pesar de ser conocedores de la normativa administrativa en materia de contratación y sabedores de la inexistencia de causas técnicas que justificasen el fraccionamiento del expediente de contratación del coso polivalente de Puertollano” –dicen textualmente- decidieron tramitar los distintos contratos sin publicidad y adjudicándolos de forma directa.

La ejecución de la obra superó los 2,5 millones de euros y se fraccionó en 69 expedientes por partidas de cimentación, suministros y maquinaria, y suministros e instalaciones para acabados.

Cimentación a Navarro Piquer

La ejecución de la partida de cimentación ascendió a 879.456,67 euros, fraccionándose en dieciocho expedientes, todos ellos de cuantía inferior a 60.101,21 euros. Se adjudicaron a la misma empresa, Construcciones Navarro Piquer S.L. En este caso se aplicó el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 2/2000, de 16 de junio (procedimiento negociado sin publicidad).

Suministros y maquinaria

De suministros y maquinaria se tramitaron nueve expedientes por un importe total de 575.227,41 euros, conforme a la normativa en vigor de Contratos del Sector Público, y que fueron adjudicados a diversas empresas por importe inferior a 200.000 euros (procedimiento negociado sin publicidad).

Con cargo a la partida de suministros e instalaciones para acabados de obra se tramitaron nueve expedientes por un importe total de 602.566,94 euros, cuya cuantía se fraccionó en cantidades inferiores a la prevista en la normativa citada en al apartado anterior (procedimiento negociado sin publicidad).

Las presuntas irregularidades las detectó en un primer momento el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza este tipo de gestiones de los ayuntamientos. Este tribunal envió el caso a la fiscalía que abrió una investigación. Las acusaciones consideran que en los meses de instrucción, conscientes de que habían obrado mal, los acusados, sobre todo el secretario y arquitecto aportaron documentación falsa para simular que más empresas habían concurrido a la construcción.

Adjudicaron obras “a los amigos”

“El hecho de fraccionar el objeto de contratación por parte de los acusados fue un medio para adjudicar los contratos a personas con las que tenían una relación de amistad, sustrayendo el concurso de adjudicación del más mínimo procedimiento legal”, afirma en su escrito de acusación el abogado que representa al grupo municipal de Izquierda Unida en el caso, Gregorio Rodríguez.

Documentos falsos para fingir legalidad

Esta parte también reprocha que “una vez que se comenzaron a investigar los hechos los querellados no han tenido el menor reparo en falsificar documentos para dar una apariencia de legalidad a su actuación”.

Esta parte cuestiona la declaración de los acusados, que defienden su inocencia, cuando dicen que en cada expediente de contratación se solicitaban ofertas a tres empresarios o profesionales del sector, y se proponía que se aprobara la mejor oferta. “Como esto no era cierto, en las diligencias preprocesales practicadas, se enviaron copias de ofertas de otros empresarios o profesionales que realmente nunca existieron”.

El juicio está previsto que se celebre en la sección segunda de la Audiencia Provincial en tres sesiones de martes a jueves. Aunque la fiscalía apunta en su escrito provisional de conclusiones a la posibilidad de un acuerdo, a tres días del inicio del juicio no parece que vaya a ser así.