Es la sentencia que se ha conocido esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha sentenciado que los terrenos frente al cementerio de Puertollano valen 88 veces más que lo que fijó el Jurado Regional de Valoraciones en su justiprecio.
La alcaldesa de Puertollano aseguraba que es “una sentencia injusta y un atropello, no creo que haya un terreno en este país que tenga esos metros y valga eso” y añadió “la respeto cien por cien”.
Estos terrenos han sido valorados como urbanizables cuando es suelo rústico y en esta zona solo se puede proyecto un parque, el parque que aislaba el complejo industrial puertollanense de la ciudad con una barrera vegetal, tal y como en su día se proyectó. Así, la alcaldesa confirmaba que todo el mundo sabe que allí no se va a edificiar, no obstante asegura que “defenderemos los intereses de Puertollano hasta que se acabe el recuero”.
En el iter procesal que ha llevado este caso comienza en el año 2007 cuando la propiedad presenta solicitud de valoración al Ayuntamiento, es en el año 2008 cuando se considera iniciado el expediente de justiprecio y en 2009 un informe técnico de la propiedad valora los casi 90.000 metros cuadrados como suelo urbanizable -según el PGOU del año 1984- por una cantidad de 8,8 millones de euros.
En el año 2010 la propiedad pide justiprecio al Jurado Regional de Valoraciones y en 2011 dicho jurado inadmite esa valoración, por lo que la propiedad interpone un recurso contencioso en el TSJ al acuerdo del Jurado de Valoraciones.
En 2015 la sentencia del TSK indica que se debía proceder por el Jurado REgional de Valoraciones a la valoración del justiprecio y en 2016 se realiza el acuerdo del justiprecio por 101.00 euros, valorado por el método de capitalización de rentas potenciales se tasa en 0,5567 euros el metro cuadrado de mnonte bajo, que por su proximidad al casco urbano se incrementa en un cien por cien.
Con este precio la propiedad interpone un recurso contencioso al TSJ a este acuerdo del Jurado Regional de Valoraciones que desemboca en una sentencia de este año para el pago de los 8,8 millones de euros. Sentencia a la que el Ayuntamiento realizará un recurso de casación.
