La plataforma de Funcionarios Interinos Despedidos del Ayuntamiento de Puertollano (FIDAP) ha denunciado la “indefensión” que padece tras el “alargamiento innecesario” de la tramitación de su querella por presuntos delitos de prevaricación, realización arbitraria del propio derecho, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y falsedad documental en relación al proceso de consolidación de doce plazas de ayudante de matadero en el año 2010, así como a la funcionarización de la mujer del exalcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso, entre otros aspectos.
Así, el colectivo considera que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Puertollano ha alargado “al máximo” el plazo para tramitar y comunicar a las partes el recurso de reforma interpuesto por FIDAP contra el auto de abril de 2017 por el que se declaraba no competente para admitir a trámite la querella de los interinos.
“Nuestro recurso contra dicha decisión se ha comunicado el 29 de junio de 2017, lo que supone un alargamiento innecesario de los plazos judiciales, que a los únicos que beneficia es a los acusados”, ha aclarado a Europa Press el representante de los denunciantes, Juan Francisco Valbuena.
La plataforma, por su parte, ha enviado un comunicado en el que asevera que ha intentando acudir a la presidenta de la Audiencia Provincial, quien “se ha negado” a recibirles, así como al Ministerio Fiscal, que tampoco les ha recibido. “Ahora solamente nos queda el Defensor del Pueblo, pues una justicia lenta deja de ser justicia y esta situación nos pone en una clara indefensión, aparte de la grave situación económica y familiar que vivimos todos los afectados”, subraya.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Puertollano se declaró “no competente” para admitir a trámite esta querella que el colectivo pretende acumular a la causa ya abierta para investigar si se cometieron una serie de delitos en el proceso de consolidación, en 2011, de más de 200 empleados en el Ayuntamiento de Puertollano.
En el auto la magistrada no entra “en el fondo del asunto”, pero considera que la querella formulada debe ser inadmitida “por no ser este juzgado competente para instruir los delitos que en ella se exponen”, considerando al mismo tiempo que “la instrucción conjunta de delitos no conexos generaría una macrocausa que no podría ser debidamente atendida en un juzgado de estas características”.
La plataforma recurrió esta decisión judicial argumentado, según señala en su comunicado, que “en ningún momento se ha rechazado la querella porque no pudieran ser constitutivos de delito los hechos constatados en dicha denuncia, sino porque la juez considera que no se encuentran conexionados a los ya investigados, negándose a tramitarla conjuntamente”. Su necesidad, prosigue, “parte precisamente de las pruebas testificales practicadas los días 26 de febrero y 14 de abril de 2016 a distintos funcionarios y a Joaquín Hermoso Murillo”.
Dilación en el proceso
Según los denunciantes, “la jueza tiene la obligación de abrir una nueva pieza separada u otras diligencias previas por los hechos puestos de manifiesto por esta parte, sin necesidad de requerir a la parte que formule querella aparte, pues en ningún momento ha puesto en entredicho que los mismos no pudieran ser hechos delictivos”.
“La querella no se inadmite por no ser los hechos denunciados constitutivos de delito, sino por no querer la jueza tramitar una macrocausa, alegando falta de competencia de ese juzgado y una dilación en el proceso que, como vemos, también existe hoy en cuanto a la tramitación de cualquier papel y sin necesidad de resultar una macrocausa”, enfatiza la plataforma.
En todo caso FIDAP entiende que los hechos se deben investigar conjuntamente “porque todo obedece a un proceso de funcionarización global desarrollado en el Ayuntamiento de Puertollano”, en el cual ha sido parte y se considera “engañada”.
Por otra parte, los interinos despedidos han lamentado que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Puertollano no se haya pronunciado sobre su petición, realizada el 8 de mayo de 2017, de que se citen y se tome declaración en calidad de investigados al entonces secretario municipal y miembro del tribunal calificador que aprobó las plazas de matarife; a los miembros del mismo tribunal que aprobó el concurso-oposición y a los miembros del Pleno del Ayuntamiento que emitieron voto a favor el día 25 de marzo de 2010, acordando la amortización de plazas y puestos de trabajo laborales fijos y la creación de plazas en la plantilla funcionarial propuesta.
En este sentido, la plataforma entiende que “la actuación consistente en la consolidación funcionarial de unas plazas que ya no se encontraban efectivamente desempeñadas, y que tampoco se desprende que fueran a serlo en el futuro, puede considerarse manifiestamente contraria a la legalidad, ya que se están creando unas plazas funcionariales vacías de contenido y sin expectativa de tenerlo”. Además, a su juicio, “se toma posesión de un puesto que no se va a poder desempeñar al no estar operativo, y se culmina el proceso con la modificación del puesto de trabajo”.
“De ello resultan responsables todos los que votaron a favor, los trece concejales del Grupo Municipal Socialista, y los ocho del Grupo Municipal Popular”, enfatiza el colectivo, “así como el exsecretario del Ayuntamiento, Juan Luis Vázquez, quien actuó también como secretario del tribunal calificador de las doce plazas de ayudante de matarife y debió haber informado de los hechos que aquí se persiguen”.
