Según ha informado en nota de prensa la Plataforma de Funcionarios Interinos Despedidos del Ayuntamiento de Puertollano (FIDAP), que actúa como acusación particular, Hermoso deberá comparecer el próximo 8 de enero, a las 11.30 horas, en relación a la creación de unas plazas que, a juicio de FIDAP, “tuvieron nombres y apellidos” cuando el servicio “ya estaba extinguido” y el matadero cerrado desde el año 2007.
Para la plataforma de afectados, la providencia de la jueza, de 21 de diciembre de 2018, implica que se encuentra justificada la petición de comparecencia de Hermoso formulada por FIDAP, “dada su participación activa en los hechos denunciados, así como en la elaboración de la propuesta aprobada por el pleno de la corporación municipal, pues fue él quien convocó dicho pleno y tiene la obligación de conformar los expedientes con todos los informes jurídicos de los asuntos a tratar, además de ser la persona que aprobó las bases específicas de la convocatoria de dichas plazas y nombró funcionarios a los aspirantes con unos méritos no realizados”.
De igual forma, y a petición de la acusación particular, el juzgado también ha citado en calidad de testigo a la jefa de Negociado de la época, que ya prestó declaración en su día ante el Ministerio Fiscal.
En las últimas semanas el juzgado ha citado en condición de investigadas a 23 personas, incluidos concejales de PSOE, PP e IU, secretario e interventora accidental, que intervinieron en el acuerdo plenario de amortización de las 12 plazas de ayudante de matarife celebrado en marzo de 2010.
El origen del caso fue la demanda interpuesta ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puertollano por 18 de los 69 exfuncionarios interinos que fueron despedidos en diciembre del 2011 como consecuencia de la aplicación del plan de ajuste económico financiero, durante el mandato de Joaquín Hermoso Murillo.
La iniciativa del colectivo cristalizó en una acusación de la Fiscalía por la consolidación de las plazas del matadero municipal, al entender que se crearon, mediante concurso oposición, “vacías de contenido y sin expectativas de tenerlo” tras el cierre definitivo de las instalaciones de sacrificio de animales.
FIDAP pretendía ampliar la instrucción de posibles irregularidades a la totalidad del proceso de consolidación de 200 trabajadores realizado entre los años 2006 y 2010. Esta pretensión fue inicialmente frenada por la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que no obstante ha ido concediendo, en diversos autos, la posibilidad de abrir piezas separadas por otros hechos relacionados que pudieran revestir caracteres de delito.
