La charla se celebró en el Centro Cultural y se inició explicando el origen de la PICP, su constitución y sus objetivos fundamentales, y siguió con la presentación de los ponentes: Manuel Trujillo Carmona, presidente actual de la Plataforma, y Vicente Luchena Rodríguez, coordinador de Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia y coordinador de la PICP en Castilla-La Mancha.
Manuel Trujillo comenzó exponiendo que actualmente casi veinte asociaciones de todo el país están integradas en la PICP, además de personas a título individual interesadas en la defensa de los caminos públicos, vías pecuarias, servidumbres de ríos y montes públicos.
Así, la Plataforma se propone la protección del libre tránsito por estos viales, la protección del medio ambiente (especialmente la flora y fauna autóctonas y los elementos de la arquitectura tradicional), la concienciación ciudadana en la defensa del medio natural y la coordinación con otras asociaciones que tengan fines parecidos.
Para lograr estos objetivos, la PICP realiza actividades como la denuncia de cualquier usurpación y/o cierre de caminos públicos o vías pecuarias, la realización de rutas y marchas por lugares de especial interés paisajísticos o con problemas de cierre, la organización de jornadas en la que se trate la problemática de los caminos públicos, el mantenimiento de la página web de la Plataforma y el asesoramiento a instituciones que lo demanden.
Más tarde pasó a presentar los principales problemas que actualmente tienen los usuarios de los caminos públicos, concentrándolos en seis grupos: caminos en uso que son cerrados por los propietarios de las fincas que atraviesan, no existencia de inventario de caminos en la mayoría de los ayuntamientos, caminos cerrados hace tiempo y que, por tanto, han dejado de usarse, caminos que se quieren cerrar y cambiar por otros, pueblos enteros comprados con los caminos que los comunicaban y, finalmente, las infraestructuras que cortan caminos (carreteras, embalses, urbanizaciones…).
Una vez delimitados estos problemas, Manuel Trujillo pasó a señalar las acciones que se pueden realizar para solucionarlos: partiendo de que los caminos públicos son, por definición, imprescriptibles, inembargables e inalienables y propiedad y responsabilidad de los municipios, son éstos los que deben procurar los medios para solucionar los problemas, aunque hay que matizar que las vías pecuarias son responsabilidad de las respectivas Consejerías de Agricultura o Medio Ambiente; el primer paso debe ser la confección del inventario de caminos y su inclusión en el catastro y el registro de la propiedad, pues esta será la base de defensa de las acciones que se vayan a llevar a cabo posteriormente.
Como no todos los ayuntamientos tienen medios para realizar el inventario de caminos, las administraciones autonómicas y/o nacionales tienen que apoyar su ejecución, aunque también hay ayuntamientos que por desidia o desconocimiento no se emplean en la defensa de su patrimonio, o por miedo a largos contenciosos. Finalmente, se debe tener presente que, en caso de permuta o venta de caminos públicos, debe primar el bien común por encima de cualquier otra circunstancia.
Para terminar, señaló algunos de los factores que favorecen la usurpación de los caminos públicos, destacando entre ellos la despoblación de amplias zonas rurales, que conlleva un desuso de los caminos que antiguamente las comunicaban, la dependencia económica de los terratenientes en las pequeñas poblaciones e incluso la connivencia de algunos políticos con los grandes propietarios.
Vicente Luchena comenzó su exposición poniendo de relieve dos grandes características del cierre de caminos públicos: por un lado, es un problema que aumenta de forma exponencial a medida que pasan los años, y por otro, aunque afecta a todo el territorio español, esta comunidad es una de las más afectadas, tanto por el número de caminos públicos cerrados, como por la gravedad del problema: se cierran caminos que históricamente sirvieron no sólo para el transporte de personas, ganados y mercancías, sino también para afianzar una economía comarcal e, incluso, para vertebrar el territorio.
Luchena manifiesta que con el cierre de caminos públicos no sólo se pierde la posibilidad de utilizarlos, sino que se pierde un patrimonio público de primer orden, se pierde la historia ligada a esos caminos, las actividades que a través de ellos se realizaban, la vida de las personas que antes los utilizaron.
Señala Vicente las tres grandes “patas” que sostienen el problema de los caminos públicos cerrados: unos propietarios que ejecutan materialmente el cierre, que no quieren que nadie ajeno a su finca pase por allí; unas autoridades que por desidia o complicidad permiten que ese cierre se mantenga y unos ciudadanos que, salvo raras excepciones, son incapaces de proteger este patrimonio público.
En la mente de todos vienen enseguida los caminos públicos perdidos en el Valle de Alcudia, o cerrados por las grandes fincas, como la Cotofía o la Garganta, los caminos vendidos a los terratenientes en Valdepeñas. Ciertamente, de vez en cuando también nos llega la noticia de que algún ayuntamiento ha trabajado lo indecible para conseguir su inventario de caminos, o de que unos ciudadanos han conseguido la apertura de unos caminos largo tiempo cerrados: noticias que según los ecologistas permiten mantener un cierto hilo de esperanza en el futuro de los caminos públicos.
