Las quejas por las que se han reactivado las protestas de todos los colectivos profesionales de justica de la provincia llegan también desde los juzgados de Puertollano y Valdepeñas, al límite de su capacidad de tramitación sin incurrir en retrasos susceptibles de sanción.
La situación es “insostenible”, asegura Ricardo Rosales, delegado del sindicato Justicia y Progreso. Los problemas se concretan “en la absoluta carencia de medios, sobrecarga de trabajo y falta de personal”, dice, un mal general del resto de partidos judiciales, pero que en estas dos ciudades es sangrante.
Puertollano: mucho civil
Con tres juzgados mixtos, en Puertollano se da la peculiaridad de que hay un elevadísimo número de asuntos civiles, asociados a la industria de la comarca, a lo que hay que añadir los cambios organizativos derivados de la implantación del expediente judicial electrónico y de los que puedan llegar si se expande la oficina judicial. “El personal no da abasto ni con refuerzos ni con prolongaciones de jornada”.
Valdepeñas: plantilla anterior a la ley de 1989
Valdepeñas, con dos juzgados de primera instancia e instrucción y funciones de decanato pero sin personal, tiene la peculiaridad de que su plantilla es anterior a la Ley de Demarcación y Planta judicial de 1989, y es claramente obsoleta.
Esta situación se está traduciendo en “estrés, quejas y tensiones insoportables”, afirma Rosales, de las que se dio traslado en febrero al Ministerio de Justicia. Se ejerció lo que se llama “derecho de petición” (artículo 29 de la Constitución que se desarrolla con la Ley Orgánica 4/2001), pero el plazo ha pasado y el ministerio no ha contestado.
Nuevas asambleas
Ante la falta de respuesta Justicia y Progreso celebrará asambleas próximamente con los trabajadores para decidir si se adopta alguna medida de presión.
Por otra perte esta semana que comienza (jueves) los sindicatos CSIF, STAJ, UGT y CCOO acordarán un nuevo calendario de movilizaciones más duro que las concentraciones que vienen celebrando desde marzo exigiendo mejoras laborales. Jueces y fiscales por su parte continúan con sus movilizaciones y podrían ir a la huelga el 22 de mayo en toda España.