Puertollano, Cuenca y Talavera de la Reina son los ayuntamientos de Castilla-La Mancha realizan una inversión de 61,27 euros por habitante, situándose como los consistorios «pobres» en inversión social, tal y como señalan en un informe la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Castilla-La Mancha registra una media de 82,41 en inversión social en sus consistorios, cifra que está por debajo de la media nacional de 149,96 euros.
Respecto a las capitales de provincia, con su inversión por habitante, Toledo invierte 64,41 euros, Guadalajara 71,63 euros, Cuenca 59,43 euros, Ciudad Real 92,16 y Albacete 99,76 euros.
Constata el informe que «solo» el 5,2% de los 404 ayuntamientos españoles mayores de 20.000 habitantes, alcanzan la «excelencia» por su inversión en Servicios Sociales, con más de 200 euros por habitante y año.
En concreto, se trata de 21 ayuntamientos «excelentes» frente a 46 que son «pobres» en dicha materia, con menos de 61,27 euros por habitante. Baza (Granada), Alcalá la Real (Jaén) y Morón de la Frontera (Sevilla) son los ayuntamientos que más invierten y Galapagar (Madrid), San Vicente de Raspeig (Alicante) y Torrelodones (Madrid), los que menos.
Así lo refleja el informe publicado este lunes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en el que analiza los presupuestos que los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España dedican a la partida de ‘Servicios Sociales y Promoción Social’, con datos correspondientes al Presupuesto Liquidado 2023 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Según el estudio, consultado por Europa Press, la mediana de gasto efectuada por el conjunto de los 404 ayuntamientos analizados se sitúa en 102,12 euros por habitante, lo que representa un aumento del 7,98% con respecto al ejercicio precedente, con una inversión total en Servicios Sociales superior a los 4.012 millones de euros, un 8,7% más que en el ejercicio 2022.
Por comunidades autónomas, Andalucía con 13 Ayuntamientos vuelve a ser la que más municipios aporta al ranking, debido fundamentalmente, según los autores del esutdio, a la incidencia económica que tiene en sus cuentas públicas el servicio de ayuda a domicilio derivado del sistema de la dependencia y que en esta comunidad autónoma se presta en cooperación con las entidades locales andaluzas; seguida de Cataluña con tres, País Vasco y Comunidad Valenciana con dos y Galicia con un ayuntamiento.
Por su parte, el informe señala a 46 ayuntamientos como «pobres» en inversión en Servicios Sociales ya que realizaron un gasto social por habitante inferior al 60% de la mediana de gasto (que es de 61,74 euros por habitante al año). Además, son nueve ayuntamientos más que el ejercicio anterior.
En concreto, esos 46 ayuntamientos atendieron a sus 3.312.962 de vecinos con una inversión media de 51,53 euros por habitante cuando la media nacional de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes se situó en 102,12 euros por habitante al año. Asimismo, dedicaron a Servicios Sociales el 5,8% de su presupuesto municipal frente al 10% del resto de los ayuntamientos españoles.
Según señala la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales, «una edición más», es la Comunidad de Madrid la que aporta el 43,5% de los ayuntamientos pobres en inversión social de todo el país (el año anterior aportaba el 41%), con 20 Ayuntamientos pobres en servicios sociales (el año anterior eran 16); seguida de la Comunidad Valenciana con siete ayuntamientos (frente a ocho el año anterior); Extremadura con cuatro (frente a dos el año anterior); Andalucía y Castilla-La Mancha con tres ayuntamientos; Baleares, Canarias y Cantabria con dos; y Castilla y León y Cataluña, con uno.
En cuanto a las capitales de provincia españolas, donde habitan más de 30,8 millones de personas y que representan al 65% de la población española, el informe revela que, durante el ejercicio 2023, las 50 capitales de provincia españolas realizaron una inversión en Servicios Sociales y Promoción Social de 2.221 millones de euros con una inversión media de 149,86 euros por habitante en el conjunto del país.
