TOLEDO, 26 Abr. (EUROPA PRESS)
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha enviado una carta a la abogada general del Estado, Marta Silva, en la que le comunica formalmente que, tras el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado día 15 de abril, ya ha puesto un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para impugnar la reducción de jornada laboral de los funcionarios de Castilla-La Mancha de 37,5 a 35 horas.
En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Rajoy invoca para justificar su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, que dice que el Gobierno «podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas, impugnación que producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses».
En este sentido, explica que ha solicitado que se produzca la suspensión de los preceptos de las leyes autonómicas recurridas.
A PETICIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS
Fue el pasado 15 de abril cuando el Consejo de Ministros en funciones acordaba solicitar a Rajoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en relación con la medida del Ejecutivo regional de Emiliano García-Page de reducir de 37,5 a 35 horas la jornada laboral semanal de los empleados públicos.
Este acuerdo, propuesto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, consideraba que la ley regional «contraviene lo dispuesto por el Estado a través de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2012, dictada con carácter básico, por la que se establece que la jornada general de trabajo del personal del sector público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual».
Según añadía el acuerdo, esta solicitud de recurso «se lleva a cabo después de que la negociación prevista en el artículo 33.2 de la Ley del Tribunal Constitucional haya sido infructuosa y tras avalar el Consejo de Estado que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer el recurso».
Para dirimir esta cuestión, el pasado 6 de abril se reunió una Comisión Bilateral entre ambas administraciones, donde se debatieron las dos medidas puestas en duda por el Gobierno nacional, en concreto la Disposición Adicional Segunda de la Ley autonómica 7/2015 que recoge el personal en edad de cesar por jubilación pero que se mantenga en activo computará igualmente para calcular la tasa de reposición de efectivos; y por otro el artículo 1 de la misma ley, que reducía de 37,5 a 35 horas la jornada laboral.
Esta ley entró en vigor el pasado 1 de enero y era una de las promesas electorales del actual Gobierno regional. El presidente autonómico, Emiliano García-Page, advirtió un día después de esta reunión que la derogación de la medida que reducía la jornada laboral podría poner en riesgo la creación de 450 empleos en el ámbito sanitario».
C-LM buscará «las fórmulas legales» para que no haya «ni un solo despido» si TC suspende cautelarmente las 35 horas
El Gobierno de Castilla-La Mancha va a buscar «todas las fórmulas legales» para que no se produzca «ni un solo despido» por «culpa» de la expresidenta de la región María Dolores de Cospedal en caso de que se acuerde la suspensión cautelar de la reducción de la jornada laboral de los funcionarios de la región de 37,5 a 35 horas por parte del Tribunal Constitucional.
Así ha reaccionado su portavoz, Nacho Hernando, después de que se haya conocido que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha enviado una carta a la abogada general del Estado, Marta Silva, en la que le comunica formalmente que, tras el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado día 15 de abril, ya ha puesto un recurso de inconstitucionalidad ante el TC para impugnar la norma castellano-manchega.
En rueda de prensa, Hernando ha asegurado que los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades ya están trabajando «a contrarreloj» para elaborar todos los argumentos jurídicos que, a su juicio, «van a conseguir que finalmente» el Gobierno de Castilla-La Mancha «gane esta batalla legal» porque, según ha dicho, tienen la ley de su lado y porque tienen el respaldo de toda la ciudadanía y de los empleados públicos.
CSI.F denuncia la «persecución» del Gobierno en funciones a los empleados públicos de Castilla-La Mancha
El sindicato CSI.F en Castilla-La Mancha ha denunciado la «persecución» del Gobierno en funciones a los empleados públicos de la Comunidad Autónoma, después de que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, haya pedido a la abogacía del Estado que recurra la jornada laboral de 35 horas.
«Parecía imposible que estando en funciones y a punto de convocarse las elecciones, Rajoy volviera a castigar a 68.000 empleados públicos de la Junta de Castilla-La Mancha, perjudicando la creación de cientos de empleos en sectores básicos como sanidad, educación y servicios sociales», indica en nota de prensa.
Para CSI.F, la carta de Rajoy «ataca» la base de las Ofertas de Empleo Público –más de 400 plazas en Sanidad–, agravará la situación de muchos interinos y dificultará, «todavía más», la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos de la Junta.
«Ya tenemos suficiente castigo a nivel autonómico con la rebaja salarial mensual del 3% de la tasa Page-Cospedal como para perder la única medida positiva que el gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha había tomado para miles de funcionarios, laborales y estatutarios», argumenta.
El próximo lunes, CSI.F se reúne con el portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, para manifestarle «su más enérgica protesta por esta vil actuación» y exigir el mantenimiento de la jornada laboral de las 35 horas semanales.
El sindicato recuerda que «miles» de administraciones públicas, tanto de la administración autonómica (País Vasco) como local (ayuntamientos y diputaciones), tienen rubricados ya acuerdos de 35 horas «que han supuesto el primer punto en la recuperación de los derechos laborales perdidos durante los años más duros de la crisis».
