“Aquí acaba todo”, ha señalado esta tarde el máximo representante de CR International Airport -CRIA-, ante la imposibilidad de asumir el proyecto desde el punto de vista financiero.
Rafael Gómez Arribas se ha mostrado derrotado pero en disposición de participar en el nuevo procedimiento de venta del aeropuerto de Ciudad Real para “ser uno más” y volver “a ofertar y pagar”.
Ha dicho no explicarse el cambio de actitud de los directivos del fondo inglés que llevaba nueve meses totalmente colaborativo para asumir los poco más de 53 millones necesarios para la compraventa, y que en dos días no se han dado a la vista.
Para Gómez no se trataría de la actuación de “una mano negra”, a preguntas de los periodistas, sino de “las muchas resistencias que ha tenido el proyecto en estos dos años”, a su juicio, por su carácter innovador. Estas obstrucciones a “lo que trata de salir adelante son humanas y no pensaría que hay alguien detrás”, ha reflexionado.
Quien sí habló de “rumores”, y de “malmetismo manchego” contra el fin exitoso de la compraventa fue el juez Ordóñez, que está instruyendo desde septiembre de 2015 el concurso de acreedores de CR Aeropuertos, declarado en junio de 2010.
Fue el pasado 17 de noviembre en el juzgado, a donde habían acudido las partes del concurso y los medios de comunicación, donde aseguró que “hay sombras oscuras y personas que desde el principio están interesadas y poniendo velas a San Antonio para que esto salga mal”.
Señaló que a esas personas “les importa poco su región, y lo que pueda beneficiar a una comunidad tan necesitada de puestos de trabajo”.
Desde la adjudicación provisional en abril de 2016, Ordóñez ha sido uno de los principales valedores del proyecto que presentó CRIA, con el ingeniero aeronáutico Rafael Gómez a la cabeza, que siempre vio factible.
Estaba basado en la construcción de un hangar para el mantenimiento de aviones, una línea de negocio que explotan otros aeródromos españoles como el de Teruel, además de vuelos deportivos, de caza y de bajo precio, posteriormente.
No tuvo dudas sobre el final positivo de una operación por la que los tres administradores concursales de la todavía propietaria de la infraestructura iban a poder pagar los créditos contra la masa, que ascienden a algo más de 30 millones de euros.
Un convencimiento que justificó en base a los controles judiciales que iba realizando, incluso fue laxo cuando en los últimos meses amplió dos veces el plazo para la consignación notarial de la escritura y el pago de las cantidades pendientes para cerrar la operación.
Ahora se abren nuevas expectativas para las empresas interesadas en explotar el aeropuerto de Ciudad Real, un proyecto ‘maldito’ desde su construcción y desarrollo, que permanentemente ha tenido numerosos obstáculos -públicos y privados- para salir adelante. Quizá se trate de esa mano negra.
