Diecisiete miembros de una misma familia se han visto afectados por un brote de triquinosis un mes después de haber consumido carne de cerdo procedente de una matanza domiciliaria que realizaron sin autorización en Retuerta del Bullaque.
Manuel Tordera, director general de Salud Pública y Consumo, en declaraciones a Lanza, ha explicado que de los 17 afectados ocho fueron diagnosticados en la provincia de Ciudad Real y el resto en la comunidad de Madrid, siete en el municipio de Fuenlabrada, uno en Móstoles y otro en la capital regional.
Todos ellos formaban parte de una familia que el 8 de enero decidió practicar una matanza tradicional de un cerdo que habían criado en semilibertad en este municipio situado entorno del Parque Nacional de Cabañeros.
Los primeros pacientes, ha explicado Tordera, ingresaron en el Servicio de Urgencias de Hospital General Universitario de Ciudad Real un mes después, el 8 de febrero, después de haber consumido carne cruda, procedente de los embutidos elaborados en la matanza.
Tordera ha comentado que los servicios de alerta funcionaron adecuadamente porque el mismo día que se detectó el primero de los casos se activó el protocolo establecido y se dio aviso a los servicios veterinarios que procedieron a tomar muestras de la carne que aún tenía la familia, comprobando que la carne procedente de la matanza estaba afectada por triquina.
Tras decomisar la carne, los servicios veterinarios procedieron a destruir la carne que no era acta para el consumo, a la vez que se avisó al resto de la familia para que quienes tuvieran carne la entregaran y no la consumieran.
Tordera ha señalado que, una vez se comprobó por los servicios veterinarios la existencia de triquina en la carne, también se alertó a los servicios sanitarios de la comunidad de Madrid, al vivir parte de la familia en esta comunidad autónoma.
Hay que avisar al Ayuntamiento
El director general de Salud Pública y Consumo ha asegurado que la familia incumplió la normativa que existe en Castilla-La Mancha de avisar de la realización de una matanza domiciliaria al Ayuntamiento de su municipio, que es quien se debe encargar de dar a conocer qué veterinario debe prestar el servicio de controlar que la carne que se ha matado es apta para el consumo.
“No hacerlo, como ha ocurrido en este caso, puede tener consecuencias negativas para la salud”, ha recordado Tordera, quien ha señalado que todos los pacientes, después de ser atendidos, se han recuperado y se encuentran en buen estado, necesitando sólo uno de ellos de ser ingreso hospitalario durante un tiempo.
De hecho, ha comentado que el Gobierno regional abrió un expediente a la familia, aunque finalmente no fue sancionada, porque “la sanción ya fue grande, por el susto que se llevaron todos ellos” y ha insistido que casos como este no son habituales en la región donde el pasado año se inspeccionan 1.307 animales.
Las estadísticas de la Junta demuestran que las matanzas domiciliarias cada vez se practican menos, pues han pasado de las 2.921 que se registraron en el año 2012 a las 1.307 que se practicaron el pasado año.
En cualquier caso, los datos evidencian que aunque hay provincias, como Toledo y Ciudad Real, en las que la matanza domiciliaria de cerdos sigue siendo una actividad importante, aunque a lo largo del tiempo se ha producido un significativo descenso en el número de animales inspeccionados.
