J. Y.
Ciudad Real
Valdepeñas, Herencia, La Solana y Viso del Marqués han sido los últimos cuatro pueblos de la provincia de Ciudad Real en los que ha concluido el proceso de regularización catastral que el Ministerio de Hacienda puso en marcha hace tres años para luchar contra la defraudación tributaria. Según informaron a Lanza fuentes de Impuestalia (empresa que gestiona tributos como el IBI) han sido 48.436 los inmuebles revisados en estos municipios para incorporar a cobro los impuestos por las construcciones sin registrar o reformas sin declarar.
Al parecer, tras el paso de los técnicos de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (Segipsa) por estos pueblos, y una vez concluido el procedimiento de regularización, el catastro ya ha empezado a notificar las irregularidades detectadas a los propietarios de los inmuebles (rústicos o urbanos) rehabilitados, o en los que e hayan hecho obras visibles al exterior como una piscina, un garaje, o los cerramientos de patios, balcones, porches o incluso de balcones.
Los ‘pillados’ tendrán que pagar una tasa de 60 euros, el IBI atrasado, y el incremento en los nuevos recibos, además de plasmarlo en el IRPF por el aumento del valor catastral.
No obstante, Impuestalia, advierte de “posibles errores” en las regularizaciones, y estima que, al menos en el 7% de los inmuebles a los que el catastro notifique una modificación del valor catastral, podrían existir inexactitudes.
En el caso de la provincia, la regularización llegará a un total de 80 localidades, de las que ya se ha concluido en 51 y están en plena revisión otras 29, que culminará en julio de 2017.
Las últimas acabaron el 30 de julio con las inspecciones en 28.271 inmuebles de Valdepeñas, 10.635 de La Solana, 6.935 de Herencia y de 2.595 de Viso del Marqués.
En noviembre terminarán las revisiones en propiedades de otros 10 municipios, entre los que se encuentran Almodóvar del Campo, Arenas de San Juan, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava o Tomelloso, por lo que en total en este 2016 se regularizarán 32 pueblos, tras los 16 examinados en 2014 y los trece de 2015. Para 2017, quedan pendientes, según Impuestalia, 19 municipios, como Daimiel, Manzanares, Pedro Muñoz o Piedrabuena, cuya regularización catastral está prevista para finales de julio.
Los procesos se inician después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las resoluciones de la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, y los periodos de revisión varían desde los siete meses hasta más de un año.
Las fuentes consultadas por Lanza recordaron que el plan tiene como objetivo “sacar a la luz las variaciones inmobiliarias llevadas a cabo en los últimos años y que no han sido declaradas”, y que supone un pago menor en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Por eso, los titulares de los inmuebles rehabilitados ‘de manera sumergida’ reciben una notificación que incluye las discrepancias detectadas y la tasa correspondiente a pagar desde la fecha en que se realizó la obra, con el fin de que liquiden los atrasos en el IBI.
