Europa Press / Madrid-Toledo
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado continuar el procedimiento para juzgar al expresidente de Caja Castilla-La Mancha y exdiputado del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó y al exdirector general Ildefonso Ortega, a los que acusa de un delito de falseamiento de las cuentas anuales de la entidad y otro de administración desleal por la concesión de créditos irregulares que no fueron devueltos por sus beneficiarios.
En un auto en el que el magistrado transforma las diligencias en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, el juez da el paso previo para sentar en el banquillo de los acusados a los dos máximos responsables de la entidad y archiva la causa contra otros siete exdirectivos en cuya actuación no se han encontrado indicios de delito.
En su auto, en el que describe todas las operaciones y los perjuicios económicos causados en la caja castellano-manchega, que el Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros, Ruz considera indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de captación del crédito en los que se constata «una notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación».
Las operaciones analizadas son créditos concedidos en 2007 y 2008 a las sociedades Grupo Luis Portillo (59 millones), Renovalia (56,3 millones de euros de deuda por pérdidas de 54,6 millones), Naropa-Fermoselle (9,9 millones), Grupo Lábaro (9,3 millones), Whiteness y Promogedesa (15,3 millones), así como Grupo T-Solar, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos.
FALSEARON LAS CUENTAS
Los imputados, que con su actuación causaron «un perjuicio económico» a la entidad, según Ruz, llevaron a cabo prácticas orientadas a falsear la «imagen fiel contable y de riesgos» de la entidad como consecuencia de «la ocultación de la morosidad y el nivel de concentración de riesgos».
El auto describe que Ortega, «siguiendo instrucciones» de Hernández Moltó, «máximo responsable del cumplimiento de las directrices impuestas por el Banco de España a la entidad para que sus cuentas reflejaran la imagen de la misma», elaboró y presentó «una cuenta de resultados con beneficios» a pesar de que ambos eran «conscientes» de que la entidad tenía «pérdidas».
No obstante, el juez subraya que la investigación, que ha analizado el patrimonio de los imputados, no ha podido determinar la existencia de «connivencia» por parte de los beneficiarios de los créditos ni que aportaran alguna «compesación económica como contraprestación a supuestos tratos de favor».
«TRATO DE FAVOR»
En concreto, los peritos del Banco de España apuntaron que en la práctica totalidad de las «operaciones singulares» analizadas se realizaron préstamos «sin observar las reglas de la práxis habitual bancaria y de la propia normativa interna de la entidad respecto a las garantías exigibles» para su autorización.
Esta actuación provocó, según el juez, «un trato de favor» hacia los deudores, que obtuvieron sus préstamos «sin las adecuadas garantías y valoración», con la «liberación de obligaciones o la pérdida de avalistas sin contrapartida» y la consecución de «importantes ventajas en las renegociaciones posteriores», tales como la aceptación de daciones en pago de deuda o de activos sin «una adecuada valoración económica». Como resultado, los préstamos resultaron «total o parcialmente impagados» y las garantías prestadas «resultaron insuficientes para su recuperación».
El juez también decreta el sobreseimiento de la causa que seguía contra los miembros de la Comisión Ejecutiva de Caja Castilla-La Mancha Federico Andrés Rodríguez, Tomás Martín-Peñato, Florencio Fernández, José María Fresneda, Emilio Sanz y Carlos Jiménez y el secretario de este órgano, José Fernando Sánchez.
El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 comenzó a investigar estos hechos en 2010 después de que seis exconsejeros de la caja presentaran una denuncia contra Hernández Moltó.
El Consejo de Ministros aprobó el 29 de marzo de 2009 en una reunión de urgencia la intervención de la caja manchega, que fue la primera en ser nacionalizada con un rescate de 9.000 millones de euros. Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España por las presuntas irregularidades derivadas de su gestión.
