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09 septiembre 2024
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Se abre la campaña de caza, con la vista puesta en los cambios normativos

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Lanza
Los operadores tienen buenas expectativas comerciales, sobre todo en caza mayor

J. Y. / Ciudad Real

La actividad cinegética está en plena temporada en la provincia y en la región, coincidiendo con las primeras semanas de práctica tanto de la caza menor como de la mayor desde la apertura del periodo de veda, el pasado 8 de octubre. A pesar de la falta de precipitaciones y las altas temperaturas del inicio del otoño, el sector prevé una campaña buena en lo referido a la calidad de los trofeos y al número de piezas a abatiren. Más preocupación hay en el ámbito normativo, al reeditar la discusión preelectoral de mayo entre grupos ecologistas y las organizaciones cinegéticas, por la entrada en vigor de la Ley 3/2015 de Caza de Castilla-La Mancha.
 

En la actualidad, las escopetas vuelven a estar en alto tras el anuncio del nuevo Gobierno castellano-manchego de modificar la joven norma. Ya se han iniciado las conversaciones entre administración, conservacionistas y cazadores. Las voces de Aproca, Atica y Federación de Caza coinciden en destacar las potencialidades de la actividad cinegética, como fuente de recursos económicos -en el conjunto de la región mueve 600 millones de euros (180 en Ciudad Real) de los 3.600 millones que se alcanzan a nivel nacional-, como proveedor de puestos de trabajo vinculados al medio rural y como protectora del valor medioambiental. Los ecologistas denuncian el enfoque intensivista y comercial de la norma.

Objetivamente, los datos de actividad del sector cinegético avalan un impulso a la riqueza en el medio rural: si en España practican la caza casi un millón de personas, según el MAGRAMA, el número de licencias expedidas en Castilla-La Mancha en 2014 fue de 133.000, 26.396 en la provincia. En lo que va de año, se han tramitado 73.876 en la comunidad y 10.306 en Ciudad Real.

Según Aproca, “de un año para otro hay gran variabilidad”, aunque claramente la cifra ha ido reduciéndose de manera continuada si tenemos en cuenta que en 2003 se tramitaron 346.241 en la región, con un valor de casi 3,5 millones euros.

A falta de un estudio en profundidad sobre la repercusión socioeconómica de este sector, las diferentes fuentes consultadas coinciden en que genera 30.000 puestos de trabajo en el conjunto español al año, mientras que en Castilla-La Mancha registra 1,7 millones de jornales en puestos auxiliares como ojeadores,  guardas,  jornaleros, perreros, gestores de fincas y orgánicas, además de estar implicados otros profesionales como los taxidermistas, los carniceros, los veterinarios, las armerías y las gasolineras.

En cuanto a empleos directos, se contabilizan 6.500 en la región y 2.000 en la provincia, según Agricultura.

Este es el escenario en el que se suceden las temporadas cinegéticas como la actual que, en términos generales., “será buena”, y que cuenta con algunas novedades (en base a la nueva ley) como los exámenes sobre legislación y funcionamiento de armas para las nuevas licencias, la supresión de la distinción entre espacios de caza mayor o menor, y pasar a ser todos cotos de caza, o la entrada en vigor de los planes de Ordenación Cinegética, que han de estar suscritos por un técnico competente, y que inciden en el aprovechamiento sostenible y ordenado de la fauna, en base a criterios compatibles con el  medio ambiente y su conservación.

También introduce la posibilidad de establecer el número de capturas de piezas que un terreno cinegético puede sustentar, con el fin de que los cupos de caza se adapten a esta posibilidad.

Caza menor

En cuanto a las estimaciones, el presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Juan de Dios García, calcula un balance “medio bajo” en el caso de la perdiz roja, que “no ha criado bien por la climatología”, mientras que, dentro de las especies de caza menor, el conejo “sigue recuperándose” y la liebre “está bien”.

Desde la Asociación de Titulares de Cotos, Cazadores y Actividades Afines al Sector Cinegético (Atica), su presidente, Juan Caballero, estima que en esta modalidad “no habrá muchas variaciones respecto al año anterior”, aunque concreta que la cría de algunas especies no ha sido homogénea por la climatología”, pues el principio de la primavera  fue seco y el final lluvioso y, por tanto, incidirá “negativamente” en algunas zonas. Hay menos presencia, señala, de perdiz roja “por la presión de los predadores y por la dificultad de atender a los cotos por la crisis”.

Para Luis Fernando Villanueva, presidente La Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y la Conservación del Medio Ambiente (Aproca) de Castilla-La Mancha y España, en líneas generales será  “no será una año malo para el conejo, al que le está atacando menos la enfermedad hemorrágica, y para la perdiz”, para la que reclama un plan de recuperación.

Caza mayor

Sobre la caza mayor, todos tienen unas expectativas “optimistas”.

El máximo portavoz de la Federación de Caza apunta que aunque la densidad de ejemplares de jabalí depende de la zonas, en el caso del ciervo “hay buena cantidad y mejor calidad que otros años”. Desde el punto de vista económico, este portavoz señala que “es pronto todavía, pero hay perspectivas “de recuperación, hay más alegría, los puestos se venden mejor y las fincas empiezan a valorizarse”.

Para Juan Caballero (Atica), la caza mayor “está en auge” después de años de contracción, y este “es un año en el que los ciervos tendrán un desarrollo de la cornamenta superior a la media y, en general, será un año bueno”.

Luis Fernando Villanueva (Aproca) coincide en que habrá una campaña “de calidad para la  cuerna del ciervo”.

LA JUNTA BUSCA EL CONSENSO EN LA FUTURA LEY

“¿Cómo va a ser la próxima Ley de Caza de Castilla-La Mancha? Esta es la cuestión a la que tratan de dar respuesta los diferentes operadores del sector tras el inicio de los grupos de trabajo para modificar Ley 3/2015, aprobada por el Gobierno del PP en marzo, y que ahora será objeto de una profunda modificación.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha cumplido su promesa electoral de eliminarla, al igual que lo contemplaba Podemos, aunque desde el departamento que dirige Francisco Martínez Arroyo aseguran que escucharán los argumentos tanto de los grupos conservacionistas, como de las entidades de cazadores y titulares de fincas cinegéticas, que defienden en términos generales la flamante ley.

Martínez Arroyo explica que la reforma responde al compromiso electoral, y porque “hay cuestiones que no nos gustaban”. Sostiene que si bien no derogarán la ley para no provocar inseguridad jurídica, “modificaremos una gran parte, porque creemos que en la negociación anterior no participaron todos los actores”.

Por ello, los grupos de trabajos que abrieron el pasado 21 de octubre han llamado “a todos los interlocutores”: los propietarios de cotos, la Federación de Caza y las organizaciones ecologistas, pues “es la manera de enriquecer el texto e ir hacia una línea de fomento de la caza social y para la generación  de actividad económica en los pueblos”.

La Administración tendrá la última palabra, tras un debate “sin cortapisas”, y actuará sumándose a las cuestiones en las que haya consenso, mientras en las que haya contrariedades insalvables, “el Gobierno regional tomará sus decisiones”. Martínez

Arroyo incide en que “queremos que todo el mudo se vea representado”, al ser un sector “de gran importancia económica y ambiental, y por tanto las dos patas han de estar conciliadas en la ley”.

Recuerda que una modificación legislativa lleva más tiempo que un decreto o una orden, pero calcula que en seis o siete meses podría estar cerrado un proyecto de ley, que estaría vigente para la próxima temporada.

“Apostamos por ir en la línea de la caza social y menos en la caza intensiva o superintensiva, que fomenta la actual ley”, manifiesta el consejero, que resume que “es una cuestión de modelo, y tenemos que dirigirnos hacia un modelo de  caza sostenible, que fomente el acceso de muchos cazadores, grandes y pequeños, y no de caza intensiva y explotación de cotos, con condicionantes ambientales y  sostenibilidad”. Insiste en que trabajarán por un actividad cinegética regional “más participativa y sostenible, para preservar las especies y no romper la fuente de ingresos”.

Federación de caza: Es buena

De su lado, el presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Juan de Dios García, incide en que la actual ley “para nosotros es buena”. No obstante, “si se retoca para mejorarla, bienvenido sea”, apunta. García, que representa a 29.000 cazadores, subraya el papel de las sociedades de cazadores en el mantenimiento de las especies silvestres, y pone en valor la relevancia económica del sector en general y la influencia socioeconómica que representa en las zonas rurales deprimidas, sobre todo en provincias como Ciudad Real.

En la misma línea, el presidente de Atica, Juan Caballero, recuerda que en la  mesa impulsada por el Gobierno regional para analizar los aspectos “polémicos” de la ley, “nosotros tenemos que aportar nuestra visión”. Como para otras organizaciones de cazadores,  y titulares cinegéticos, la norma en vigor “es aceptable” para esta organización, a pesar de que “no nos terminan de convencer los artículos sobre quiénes determinan la calidad cinegética de los cotos”.

Con todo y abstrayéndose de la nueva modificación normativa, Caballero advierte de las “pérdidas” del sector en la región por las limitaciones legislativas, permitidas en otros territorios cinegéticos, “como los cerramientos de los cotos, el control de predadores y otros límites que desde hace años se vienen imponiendo, gobierne quien gobierne, para preservar espacios naturales”, mientras que, a su juicio, los cazadores prefieren ir a  Extremadura, Castilla y León, Valencia o a países fuera de España como Austria.

Aproca: ley restrictiva
Luis Fernando Villanueva, presidente Aproca, coincide con este diagnóstico al asegurar que “es una de las leyes más restrictivas”,  y recuerda que los gestores de los cotos de caza “conservan las especies cinegéticas, y también la biodiversidad”. Tras haber participado en la primera toma de contacto en la Consejería de Agricultura, explica que “se han marcado las bases para intentar consensuar las modificaciones, y se ha concretado cómo va a ser la metodología, con reuniones por bloques”. Villanueva desea que los portavoces de las organizaciones más críticas “moderen su mensaje y hagan un ejercicio de responsabilidad”, con el fin de llegar a consensos. Recuerda que “la ley nos gusta, aunque no al 100%”, por lo que espera que ninguna de las partes “haga una propuesta de máximos, porque así nos enrocaremos”.

Ecologistas: hay que hacer un cambio sustancial
De su lado, Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción, la organización que lideró la oposición de distintos colectivos a la actual ley, dice que su colectivo está dispuesto a llegar a consensos con el resto de sectores implicados, pero cree que la ley “se tiene que cambiar de manera sustancial” y alejarse del “enfoque intensivista y comercial, por otro que apueste por una actividad sostenible y creíble, que introduzca mecanismos de control que permitan compatibilizar la caza con los requerimientos ambientales”.

 

DECEPCIÓN POR NO ENTRAR EN LA LICENCIA ÚNICA

Por otro lado, la licencia de caza única que permite la movilidad de los cazadores y pescadores por cualquier región española, ha supuesto otro frente para el sector en Castilla-La Mancha, cuyo Gobierno no se ha sumado al convenio con el Ministerio de Agricultura.

Se trata de una reivindicación histórica de los aficionados a la caza y la pesca ambos ámbitos, ante la multiplicidad de trámites autonómicos en la obtención del permiso, que en el caso de la actividad cinegética en la región castellano-manchega se ha visto decepcionada. Desde la Consejería de Agricultura apelan a razones económicas, mientras que las asociaciones de cazadores y productores cinegéticos aseguran que los ingresos serán menores si la región no se suma al acuerdo junto a Madrid, Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Castilla y León.

Precisamente, este argumento económico podría dar la vuelta a la decisión, pues fuentes del departamento que dirige Francisco Martínez Arroyo, señalan a ‘El Campo’ que “la implantación de la nueva licencia interautonómica está pendiente del visto bueno de la Dirección General de Presupuestos sobre la repercusión económica que tendría en cuanto a la disminución de ingresos, previo a su envío para su posible aprobación por parte del Consejo de Gobierno”.

La Federación de Caza de Castilla-La Mancha pide que una vez sean solventados los trámites jurídicos, Castilla-La Mancha firme el  convenio. Juan de Dios García, presidente de la entidad, asegura a ‘El Campo’ que la no suma de la región a la licencia interautonómica “nos parece un fallo total”, y recuerda que “es una demanda de los cazadores desde hace muchos años”. A su juicio, “va a perjudicar a Castilla-La Mancha”, una de las regiones con más actividad cinegética y con alrededor de 140.000 cazadores.

De su lado, el presidente de Aproca, Luis Fernando Villanueva, lamenta la decisión y comenta que “es una pena”, aunque se muestra de acuerdo con que “se haga una estudio económico”. Insiste en que “será negativo para las arcas de la comunidad“, por lo que insta a “no perder la oportunidad”. Subraya que Agricultura “no ha testado la importancia que tiene, es una gran decepción”, por lo que espera que cambie. De esta manera, cuestiona las cuentas de la Consejería, que calcula que registrará 25.000 licencias menos con el permiso único. “Cuando en noviembre se terminen de sacar las licencias, se podrá comparar”

También para el presidente de Atica, Juan Caballero, “es una pena” que la región no se haya sumado, sin bien puntualiza que “hay saber cuáles serán los resultados económicos por entrar en la licencia única”. Con todo, insta a “no perder la oportunidad”.

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