“Sí a la Tierra Viva” ha informado mediante nota de prensa de que ha denunciado ante la Universidad de Castilla-La Mancha la utilización de la institución universitaria para promocionar el proyecto de tierras raras de Quantum Minería en Ciudad Real.
La plataforma ha presentado un requerimiento formal ante José Julián Garde, rector de la Universidad Pública de Castilla-La Mancha, en relación con la jornada organizada este jueves 10 de abril por la Escuela de Minas de Almadén titulada «La minería hoy: sostenibilidad y sociedad». Dicho evento ha incluido la participación como ponente de Enrique Burkhalter Thiebaut, geólogo de la mercantil que fue denunciado personalmente por la Guardia Civil el pasado mes de diciembre por buscar recursos minerales sin licencia en la localidad de Torrenueva, como recuerda “Sí a la Tierra Viva”.
Según el informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del cuerpo armado al que ha podido acceder la plataforma al estar personada en el caso, la empresa habría incumplido hasta ocho normativas vigentes, incluyendo la falta de autorización para realizar una explotación minera y la ausencia de evaluación de impacto ambiental al perseguir «comprobar la existencia de monacita gris (mineral fosfato), la principal mena de tierras raras», una actividad para la que carecía de autorización.
Por este motivo, la mercantil se expone a una sanción, regulada por Ley, de hasta 300.000 euros.
“Ahora, la misma empresa promociona a través de su representante su proyecto especulativo en la universidad pública sin ningún tipo de control ni cortapisa”.
Ni “minería responsable” ni “minería sostenible”
Por otra parte, dicha jornada también incluye la ponencia de un representante de Cobre las Cruces para hablar de la «Gestión sostenible del agua en minería», tratándose en este caso de una empresa denunciada por la Fiscalía, envuelta en numerosas polémicas y graves acusaciones por sus prácticas extractivas irregulares en Andalucía, como indica la plataforma.
El yacimiento que explota esta mina se encuentra bajo el acuífero de Gerena y Guillena-Cantillana, que son masas de agua consideradas estratégicas para el consumo humano en Sevilla en caso de escasez y Cobre las cruces ha sido sancionada en diversas ocasiones por detraer ilegalmente aguas subterráneas de esta reserva.
Además, la planta de procesado de mineral ha implicado el vertido de casi 10 millones de metros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Bajo Guadalquivir.
En 2016, la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a tres directivos de la empresa por delitos continuados contra el medioambiente y daños ejercidos sobre el dominio público hidráulico al contaminarlo y extraer de manera no autorizada aguas subterráneas. De hecho, desde 2014, la empresa ha ido recibiendo una interminable retahíla de expedientes sancionadores y solicitudes de indemnización que alcanzan los 6 millones de euros, continúa diciendo “Sí a la Tierra Viva”.
“Una actuación irresponsable e inaceptable”
La Plataforma “Sí a la Tierra Viva” considera que la participación de estas empresas en una jornada celebrada en una universidad pública “es un acto de irresponsabilidad que puede servir para legitimar sus prácticas cuestionables. Porque la UCLM, como institución educativa, tiene el deber de promover valores éticos y sostenibles, no de dar espacio a empresas con antecedentes de haber cometido irregularidades administrativas y daños ambientales”.
En su denuncia, dirigida al rector de la institución, José Julián Garde, la plataforma ha señalado que “la presencia de este tipo de empresas en una jornada pública envía un mensaje equivocado tanto a los estudiantes como al público en general al sugerir que las prácticas mineras controvertidas son aceptables. Esto contradice los principios de responsabilidad ética y social que deberían guiar las acciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)”.
“Sí a la Tierra Viva” recuerda, finalmente, que el proyecto de Quantum Minería que algunos intentan una y otra vez «blanquear» desde el ámbito público lleva años enfrentando un aplastante rechazo por parte no sólo de la ciudadanía, sino de cooperativas del sector agroalimentario y decenas de entidades e instituciones sociales de los más diversos ámbitos: sindical, cultural, ambientalista y político.
