La falta de candidatos a jurado ha obligado a suspender sin fecha este viernes en la Audiencia de Ciudad Real el juicio por la operación ‘Cinabrio’ en la que se acusa a un guardia civil de Almadén de hacer favores a cambio de regalos. Hay cinco personas más implicadas en los presuntos sobornos, acusados de delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental.
La ley del jurado establece que para la elección del tribunal popular es necesario un mínimo de veinte candidatos elegibles. Este viernes en la sección primera de la Audiencia, competente en el caso, solo eran válidas dieciocho personas de las veinticuatro que han acudido a la cita (una obligación similar a la ir a una mesa electoral).
Seis de los candidatos tienen incompatibilidades
Lo que ha ocurrido no es habitual. De los veinticuatro aspirantes seis tienen incompatibilidades para formar parte de un tribunal popular, por motivos de residencia, antecedentes penales, etc.
Lo normal, cada vez que se abre un procedimiento que exige un juicio con jurado popular es citar a treinta y seis personas de lista que se sortea cada dos años del censo electoral y tiene vigencia por ese tiempo. La elección final es de nueve miembros del jurado y dos suplentes, pero para eso tienen que entrevistar y recusar o no a un mínimo de veinte personas.
Celebrar el juicio en estas condiciones podría haber sido motivo de impugnación posterior al juicio. Lo que dice la ley en estos casos es que se constituya otro jurado no antes de quince días.
Ahora la sección primera de la Audiencia de Ciudad Real tendrá que encontrar un hueco de una semana, como mínimo, para la celebración de este juicio, lo a falta de confirmación oficial no será antes del próximo otoño, al menos que se haga algún ajuste en la saturadísima lista de asuntos penales y civiles del alto tribunal provincial.
Juicio por supuestas corruptelas en la Guardia Civil de Almadén
La operación ‘Cinabrio’ que provocó un verdadero escándalo en la comarca de Almadén en plena pandemia (2020-2021), con la detención de diecisiete personas, seis de ellas guardias civiles del puesto de la localidad, por supuestos sobornos y corruptelas, llegaba este viernes a juicio bastante descafeinada de lo que fue.
De los guardias detenidos entonces solo uno va juicio, se trata del veterano J.L.G.L., que a punto de jubilarse y apartado cautelarmente de su empleo como guardia civil, se enfrenta a una petición de quince años y seis meses de prisión acusado de unos delitos que según su defensa “no han existido”, en un auto de hechos justiciables que las defensas consideran “desmesurado” para lo que hicieron.
El guardia compartirá banquillo con su cuñado, y cuatro particulares más supuestamente relacionados con favores que les hacía el agente a cambio de pequeños regalos.
Favores a cambio de una ‘espera’, un jamón y un guarrillo
Los tres hechos por los que está imputado el guardia civil son haber accedido al sistema SIGO (Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana) para comprobar los datos de una matrícula, a cambio de invitarle a una espera (caza nocturna de jabalíes); hacer un pliego de descargo en una denuncia por conducción temeraria de un quad y decirle al dueño de un bar que un camarero al que pensaba contratar no tenía antecedentes penales. Por estos últimos favores el soborno sería un jamón o un guarrillo, según las conversaciones telefónicas intervenidas por el instituto armado.
No se compraron favores por dinero
No hay ninguna contraprestación monetaria comprobada en la acusación sobre la que se sustenta este asunto, que al tratarse de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su actividad profesional se juzga por la ley del jurado.
El cuñado del guardia está acusado de cohecho e inducción al delito de descubrimiento y revelación de secretos (piden seis años y medio de prisión). Otro se enfrenta a la misma pena por lo mismo, otros dos acusados responderán por cohecho (cuatro años y seis meses) y para el sexto la fiscalía solicita dos años de prisión por falsedad documental.
El juicio, en la sección primera de la Audiencia de Ciudad Real presidido por el magistrado Luis Casero, iba a empezar este viernes 10 de mayo con la constitución del jurado y alegatos iniciales de las partes.
La acusación la ejerce la Fiscalía de Ciudad Real y la Abogacía del Estado en un caso que investigó asuntos internos de la Guardia Civil. Cada acusado lleva su propia defensa.
El puesto de la Guardia Civil de Almadén fue noticia en 2018 por otro asunto de corrupción de otro agente, un sargento, que reconoció ante la Audiencia haber malversado unos cuatro mil euros en repostajes de gasoil entre los años 2012 y 2015. Aceptó un año de prisión.
