La concejala del Grupo Popular, Cortes Valentín, ha lamentado este lunes la privatización de los servicios de ayuda a domicilio y comida sobre ruedas. “La alcaldesa socialista, Inmaculada Jiménez, pone en venta los servicios dirigidos a nuestros mayores, las personas con discapacidad y dependientes. Se privatizan unos servicios que han sido referentes a nivel regional durante más de treinta años de gestión pública. Ahora llega un Gobierno socialista y los privatiza por la puerta de atrás, con oscurantismo, falta de transparencia y falta de información”, ha señalado en un encuentro con los periodistas en el Ayuntamiento.
Valentín ha explicado que en ninguna de las dos Comisiones de Bienestar Social que se celebran al mes “se ha pasado información de este proceso de privatización de los dos servicios” y ha mostrado el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de ayuda a domicilio y el complementario de comida sobre ruedas. “Saldrá del 1 de enero al 24 de abril de 2022, que luego será prorrogado, y en el pliego se exponen las características de la contratación y los requisitos exigidos a la empresa adjudicataria. Desde hace diez días, las empresas ya tienen en su poder este pliego, pero los grupos de la oposición no saben nada. Algo teme la señora Jiménez con esta privatización que lleva su partido, en teoría, defensor de lo público y de los derechos sociales”.
La concejala popular ha acusado a la alcaldesa de “realizar estas maniobras de privatización detrás de las lucecitas de Navidad”, recordando que los dos servicios “no dejaron de crecer y de mejorar con los gobiernos de Ramón González y Carlos Cotillas. Con Ramón se hicieron las obras del edificio de usos múltiples en el barrio San Antonio que alberga el servicio de comida sobre ruedas y con Cotillas se fue ampliando el servicio con más vehículos y más bandejas para llegar a más personas, ampliándose a los fines de semana. Lo mismo ocurrió con el servicio de ayuda a domicilio para cubrir las necesidades más básicas de los mayores. Unos servicios muy sensibles, sociales, que respondían a una gran necesidad”.
Según ha explicado Valentín, cerca de sesenta trabajadoras se verán perjudicadas por esta privatización. “Muchas de estas auxiliares se han dejado la piel en los duros tiempos de la pandemia, dejándose la piel, trabajando sin apenas medios para cubrir el servicio de las personas más vulnerables. Ellas tenían que salir a trabajar, no podían grabar un vídeo y ponían en riesgo su salud”.
Igualmente, se ha preguntado si el proceso de privatización incluirá el traspaso de las instalaciones del edificio del barrio San Antonio y ha recordado la cesión de otros servicios como el del CRPSL o el taller de padres adolescentes. “Esta política es una forma de despreciar el trabajo y profesionalidad de los trabajadores del Centro de Servicios Sociales que llevaron estos servicios a lo más alto”, ha señalado.
Valentín ha ofrecido datos de los dos servicios, indicando que en el 2020 se atendió a 198 familias en el servicio de Ayuda a Domicilio, usuarios en su mayor parte con grado 1. Trabajaron 56 auxiliares con contratos de treinta horas semanales. En el servicio de comida sobre ruedas se atendieron en el 2020 a 180 personas, en su mayoría de edad avanzada o con alguna discapacidad. El servicio lo prestaron 16 profesionales de lunes a domingo todos los días del año. La concejala ha pedido a Inmaculada Jiménez que “recapacite y pare la privatización de estos servicios “.
