El Ayuntamiento de Tomelloso ha solicitado ayuda económica urgente para hacer frente a los gastos de reparación de las cuevas de tipo arenero que se hundieron en los barrios La Esperanza y San Antonio en los años 2021 y 2022. Tal y como han explicado los concejales de Urbanismo, Benjamín de Sebastián, y de Servicios Sociales, Elena Villahermosa, el pasado 18 de diciembre el Ayuntamiento presentó una solicitud para declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que comúnmente se conoce como declaración de zona catastrófica, pero todavía no ha recibido respuesta. El Ayuntamiento ya ha gastado 523.000 euros para intervenir en tres colapsos y sufragar un convenio con la Universidad para realizar un estudio y análisis de las zonas afectadas.
Pero a estos gastos hay que añadir la intervención posterior en la Avenida Príncipe Alfonso y otras tres cuevas que harán que el dinero gastado por el Ayuntamiento supere el millón de euros, además de los 300.000 euros que habrá que aportar para la renovación del convenio con la Universidad. “En la situación económica que tiene nuestro Ayuntamiento, es inviable que sufrague por si solo todos estos gastos”, ha recalcado Sebastián.
Los dos ediles han incidido en que “la ayuda que se pide no es para la institución, sino para los seis vecinos afectados que la necesitan con urgencia y los que vendrán después, puesto que las obras tendrán un coste superior al valor de los inmuebles”. Sebastián ha recordado los hundimientos que se produjeron, el primero en febrero del 2021 en la calle Lope de la Vega y después en las calles San Mateo y Matadero, además de una situación de emergencia en un tramo de la avenida Príncipe Alfonso que también fue intervenida. “Los costes de estas intervenciones han sido sufragados exclusivamente por el Ayuntamiento de Tomelloso, que además de los que habrá que afrontar en el futuro, hacen inviable que lo pueda costear todo, de ahí que hayamos pedido ayuda a otras administraciones”.
Según ha dicho, “el consejero de Fomento de la Junta ya nos ha dado un no rotundo, el presidente de la Diputación sí ha confirmado que ofrecerá ayuda y esperamos que el Estado responda”.
El concejal de Urbanismo ha desgranado el contenido del convenio que se firmó con la Universidad de Castilla-La Mancha para llevar a cabo un análisis de los siniestros y un diagnóstico de conservación y consolidación. “Se hizo primero un reconocimiento geológico, después se llevaron a cabo sondeos, ensayos de laboratorio, se hizo una campaña con georadar, además de una inspección y cartografía de cuevas, un sistema de monitorización que permite detectar los movimientos, grietas y fisuras que se producen en los inmuebles que nada tienen que ver con las cuevas construidas en Tomelloso para elaborar vino. “Éstas cuevas bodega se hicieron de manera profesional y que se han mantenido perfectamente en el tiempo. El problemas se ha producido en estas cuevas de tipo arenero que hizo la propia gente sin respetar los mínimos criterios estructurales y luego se construyó por encima”
El informe de la Universidad revela que se han encontrado 140 sistemas de cuevas en el Barrio de La Esperanza y acto seguido se ha elaborado un mapa de susceptibilidad para determinar las zonas de mayor riesgo. “Este informe nos dice que cien cuevas son de riesgo bajo y que solo necesitarían una inspección periódica cada cinco años; la existencia de 22 de riesgo medio para las que se prevé una inspección anual; trece son de riesgo elevado y sí requieren de una vigilancia continuada para ver la evolución de sus parámetros de humedad y, seguramente, más adelante tendrían que ser intervenidas. Y finalmente hay seis de riesgo muy elevado que necesitan intervención ya. De hecho, ya estamos interviniendo en la avenida Príncipe Alfonso y se intervendrá también en las de la calle Matadero y en las otras tres se intervendrá según lo que nos digan los informes técnicos”, ha explicado el concejal.
Solicitud al Gobierno de España
Por su parte, Elena Villahermosa ha recordado que el equipo de gobierno solicitó en tiempo y forma al Gobierno de España, concretamente a los ministerios de Interior, Hacienda y Administraciones Públicas y a la Dirección General de Protección Civil la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. “Estimamos que se dan todas las circunstancias para ello, tal y como demuestra el informe de la Universidad de Castilla-La Mancha que propone una intervención de profundo calado tras un siniestro que provocó importantes daños materiales y que alteró el normal funcionamiento y la vida de esta zona de la población. Los hundimientos producidos encajan milimétricamente con los supuestos que establece una Ley que, además, prevé ayudas económicas a los particulares, también a las Corporaciones y subvenciones por daños a infraestructuras en la red viaria”.
Pero esta solicitud que se formuló el 18 de diciembre sigue sin respuesta casi cuatro meses después. “Por ello hemos tenido que hacer pública la situación y llevarla también al pleno extraordinario del martes porque el asunto es de vital importancia para la ciudad y ya no admite más demoras”.
